El Catatumbo es, hoy por hoy, un espacio que refleja la expansión y degradación del conflicto armado en el territorio colombiano.

Lo que pasa en esta estratégica subregión de Norte de Santander es como el termómetro de ese escalamiento de la violencia, con sus nuevos pertrechos y más peligrosas formas de ataque.

Lo acaba de vivir Tibú con la incursión de drones que lanzaron cargas explosivas contra esa localidad de 70.336 habitantes y una de las más afectadas por la guerra que se desató desde mediados de enero del año pasado.

Por algo será que a este atentado perpetrado por el Eln se le denominó como infracción al Derecho Internacional Humanitario, debido a las implicaciones que conlleva.

Prácticamente es una manera de intentar aislar a la población civil que usaba el servicio aéreo entre Tibú y Cúcuta para aminorar los riesgos de transitar por carretera debido a la presencia de combatientes ilegales armados.

Al afectar las instalaciones de esta infraestructura y generar un peligro adicional para la vida, lo que esa estructura armada está ejecutando acciones de sometimiento, control y restricción de la movilidad por la fuerza, lo cual es un hostigamiento contra los civiles.

Tiene razón la Defensoría del Pueblo cuando al repudiar el ataque reclama la recuperación de la conectividad aérea para asegurar el acceso de la población a servicios, facilitar la respuesta institucional y contribuir a la atención de la crisis humanitaria que enfrenta la región catatumbera.

Pero aquí también surgen interrogantes: ¿por qué si el Eln y la disidencia de las Farc tienen esos comandos de drones, porque no hay inhibidores en áreas neurálgicas susceptibles de ataque?

Lo cierto es que tampoco el Estado puede llegar a perder el control y la seguridad aérea en subregiones como esa, porque al final del día la percepción llega para indicar que la criminalidad está dando muestras evidentes de ir ganando la partida.

La respuesta por parte del Gobierno nacional y la Fuerza Pública debe de ser el restablecimiento de las operaciones aéreas con un plan de seguridad urgente, que contemple los antidrones y más acciones de inteligencia militar y policial.

¿Cómo es eso que Tibú y el Catatumbo cuenten con un aeropuerto y que por culpa de la inseguridad este  tenga que  permanecer cerrado?

Dichas maniobras para generar una manera de  confinamiento en la martirizada zona nortesantandereana merecen el más fuerte repudio y rechazo, al constituir una acción criminal directa contra la integridad de la población civil, los trabajadores del sector del transporte y la infraestructura estratégica que garantiza la conectividad.

Dicha incursión perpetrada por el frente de guerra nororiental del Eln no puede ser ni minimizada ni considerada un pasaje más de nuestro conflicto eterno. No. Porque ahí lo que están es tratando de hacerse ver como 'dueños y señores', no solo de la economía ilegal de la cocaína, sino que ahora pretenden posar de poderosos generadores de violencia.

Con lo que está pasando desde mediados de enero de 2025, en el Catatumbo, queda comprobado que las estructuras ilegales que utilizan toda clase de armamento y de procedimientos para infligir cada vez más daño a la región y sus pobladores, el fragor de la guerra y el combustible del narcotráfico los ensordeció para ni siquiera escuchar y siempre evadir las invitaciones a respetar la población civil, no atacar bienes públicos y abstenerse de ejecutar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los derechos de las comunidades.

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