Informar y ser informado se encuentra en estos momentos en una encrucijada en Norte de Santander por una disposición nacional que está generando trabas y propiciando que únicamente desde la oficialidad se hable por comunicados.

La noche del lunes, cuando fue asesinado el dirigente político Miguel Castellanos, y ayer martes en la mañana, luego de un atentado con explosivos en El Escobal, quedó comprobado que sí existe un muro de silencio de la Policía con la prensa de Cúcuta.

También, esta triste jornada violenta sirve para advertir que los medios de comunicación ni son notarios ni tampoco altoparlantes pasivos para estar difundiendo, sin ninguna clase de curaduría, los videos, audios o comunicaciones, como quieren que ahora se maneje este asunto.

Además, en una situación como la que atraviesa Cúcuta, los ciudadanos necesitan respuestas, que la Policía responda, diga qué está pasando y señale las acciones a seguir para enfrentar una criminalidad desbordada como la que padecemos en estos momentos.

Sin embargo, hoy nos encontramos ante una situación descrita en las siguientes inquietudes, que ojalá sean atendidas por la institucionalidad.

¿Para saber detalles sobre lo ocurrido en esos casos o confirmar datos, hay que llamar a la Dirección Nacional de la Policía o a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República? ¿Y si no contestan? ¿Y si contestan y dicen que envíen las preguntas y luego el cuestionario lo engavetan?

Los anteriores interrogantes surgen de la Directiva Presidencial 01, del 3 de septiembre de 2026, sobre directrices para la coordinación y divulgación de la comunicación institucional, que es usada para no entregar información, como lo hace el comandante de la Mecuc, coronel Pedro José Saavedra Pinzón.

Que la prensa regional deba depender de escuetos comunicados en los que muy escasa información se entregue, sin opción de ahondar o contrapreguntar, encaja dentro de una especie de obstrucción a la labor periodística.

Es que los medios necesitamos preguntar. Esa es la misión, para despejar las dudas y quitar los nubarrones que impiden la búsqueda de la verdad, tan necesaria para establecer, por ejemplo, quiénes están detrás de la oleada criminal que sacude al área metropolitana de Cúcuta.

Lo decimos, porque lo ocurrido con la aplicación de dicha disposición puede degenerar en situaciones extremas como la autocensura o la imposibilidad de publicar porque no es factible el contraste, corriendo, además, el riesgo de que se exijan rectificaciones o que haya acciones legales al no haber suficiente claridad sobre esa clase de medidas.

Pero también la comunidad resulta siendo afectada al serle coartado el derecho a ser debida y oportunamente informada, como lo precisa la Constitución Política de Colombia.

En momentos de incertidumbre como estos, donde la mafia, los grupos armados y las bandas criminales atenazan con su violencia a la ciudad, el silencio es una opción que ocasiona más ruido y provoca desasosiego.

Frente a este escenario, debemos recordar que en el ordenamiento legal se encuentra vigente la sentencia C-274 de 2013, la Corte Constitucional obliga a las autoridades a suministrar información clara, completa, oportuna, cierta y actualizada sobre su actividad.

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