La ciudadanía está a la espera de que por fin se ponga término a ese conteo diario de ataques contra la Fuerza Pública y de hostigamientos contra la población civil por parte del Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las Farc.

Estos grupos son muy conocidos en el Catatumbo y Norte de Santander por su estrategia activada desde mediados de enero del año pasado en una lucha encarnizada por tratar de apoderarse del control territorial, social, político y de las economías ilegales en aquella subregión.

Y sus huellas violentas la gente de la zona las sigue padeciendo. Entre las últimas se encuentra el carro bomba que hizo explosión cerca de una base militar en Tibú que le provocó daños a una estación de servicios y a varios vehículos que se encontraban en el lugar.

Pero lo peor de todo esto, es que los drones cargados con explosivos, que figuran como armas prohibidas al ser equiparados con las minas antipersonal, constituyen el peor riesgo para la comunidad de la zona.

Ahí radica uno de los grandes desafíos que deberá enfrentar el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que se instala el próximo siete de agosto.

Poder erradicar ese peligro latente tanto en el Catatumbo al igual que en zonas como el Cauca, Arauca, Valle y otras regiones colombianas, es de suma urgencia.

Hacerlo les asestará un fuerte golpe a la capacidad de fuego, ataque y espionaje de esas estructuras armadas ilegales que le han dado una nueva dinámica al conflicto armado con el uso indiscriminado de esas naves no tripuladas.

Golpearlas con el escudo antidrones es una de las acciones que la ciudadanía de aquellos territorios está esperando, porque para ellos ahora ir al campo a sembrar, enviar a sus hijos a la escuela o salir a efectuar cualquier clase de actividad, ahora quedaron transformadas en labores de  alta peligrosidad.

Es que caminan con sumo cuidado porque tienen que calcular donde ponen los pies para prevenir caer en un campo minado, acción defensiva  a la que deben sumarle ahora la necesidad de aguzar el sentido del oído y  mirar constantemente arriba por el riesgo de los drones explosivos.

En la práctica, el territorio catatumbero está convertido en un lugar donde el Derecho Internacional Humanitario está hecho añicos con la utilización de esa clase de elementos prohibidos y que han causado numerosos muertos y heridos.

La degradación del conflicto con esas nuevas formas de violencia no respetan si son combatientes o civiles indefensos hay que contenerla, porque de lo contrario lo que podremos llegar a tener son futuras estructuras ilegales mucho más poderosas que extiendan sus ataques por aire a otros objetivos en distintos lugares.

En este caso, lo lógico es que las Fuerzas Militares cuenten con mayores operaciones ofensivas en sus acciones contra dichas organizaciones a fin de destruir esas especies de escuadrones de drones explosivos con los cuales han llevado a otro nivel los enfrentamientos bélicos, las hostilidades contra los pobladores y las amenazas. Esos llamados drones de la muerte tienen que ser neutralizados definitivamente.

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