Así como en El Plateado (Cauca) las entidades gubernamentales llevaron la oferta institucional, algo parecido y de manera urgente debiera ordenar el presidente Gustavo Petro para Cúcuta y Norte de Santander.

La violencia nos ha golpeado desde los frentes del narcotráfico y sus delitos conexos, la guerrilla, la disidencia y las bandas del crimen transnacional.
Mientras esa inseguridad campea, la ciudadanía no advierte que desde el poder central se apliquen acciones de gobierno para mostrar que el Estado tiene el control del territorio.

Eso se logra no solo desde el ala militar y policial, sino también con la presencia efectiva de las instituciones gubernamentales en la toma de decisiones para regiones martirizadas y abandonadas como la nuestra, que arrastra una variada gama de dificultades sin solución a lo largo del tiempo.

Pero la sensación que surge, es que en lugar de dar pasos en la dirección correcta, pareciera que el centralismo se impone al momento de definir asuntos sobre esta parte de la frontera, dejándolos relegados.

Resulta que hace poco vino un funcionario a hablar sobre el proyecto del Tren del Catatumbo y cuando se creía que iba a anunciar que todo estaba listo y que pronto se pondría en marcha, dijo que había que esperar unos meses más para hacerle unos ajustes.

Eso tiene que cambiar. Un cambio real del gobierno del cambio con el departamento sería que llegara con un plan de emergencia garantizando que no se recortará la inversión regionalizada dentro del presupuesto y que habrá prioridad para grandes proyectos de infraestructura en esta zona del país, que sirvan de estartazo a la economía regional y a la creación de puestos de trabajo.

Y si la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito siguió mostrando al Catatumbo junto con otros lugares del país donde se concentra el 35 por ciento de la producción de coca, no es razonable que sigan sin profundizarse las promesas del presidente Petro para la sustitución de cultivos o su criticada alternativa de comprar la hoja de coca. Lo que se está pidiendo es que haya menos palabras y más acción porque este problema se ha venido multiplicando.

Sabiendo la complicación que en materia de desempleo e informalidad tiene la región y que muchos sectores económicos confrontan dificultades, qué espera el Gobierno nacional para decretar una emergencia en la región para ayudarla a salir de la crisis y evitar que más gente caiga en la línea de pobreza extrema y que empresas y negocios comerciales cierren por la crisis y que sectores como el del coque estén asfixiados por múltiples situaciones adversas, como la caída de los precios en el mercado internacional y la extorsión aquí, entre otros.

Un elemento a tener en cuenta en un plan de esa naturaleza, es el de la ANDI que insiste en una estrategia de crecimiento económico para generar más y mejores oportunidades de empleo, que debe ir acompañada de seguridad física, jurídica y energética para las empresas, por parte del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional, del que dos nortesantandereanos hacen parte del gabinete ministerial conoce suficientemente la situación regional y si quiere sofocar muchas situaciones que en últimas terminan alimentando la violencia, es el momento para que venga y pague esa deuda social y económica con Norte de Santander.

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