Con un poderoso ganadero de ideología uribista como José Félix Lafaurie, en la mesa de negociaciones con la guerrilla del Eln que tiene tentáculos binacionales en su actuar, los colombianos asistimos a un nuevo capítulo para seguir escribiendo y construyendo nuestra esquiva paz.
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En coincidencia con ese nuevo pasaje, se registraron situaciones relacionadas con el caso de las Farc y la aplicación de sanciones a siete exintegrantes del antiguo secretariado, por los crímenes cometidos.
Más allá de si es lógica o no -por la cantidad de tiempo- la condena de ocho años, el asunto debe centrarse sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Resultaría muy interesante que paralelo a la mesa de diálogo con la última organización guerrillera que actúa en Colombia, se evaluara y decidiera si la JEP pudiera seguir operando más allá de los 20 años previstos, como un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, extendido a la paz total.
Eso equivaldría a ir enviándoles mensajes tanto a las víctimas y victimarios al igual que a la comunidad internacional y al país, sobre la real intención de querer llegar a sentar unas bases que consoliden los resultados del proceso puesto en marcha.
Otro elemento a tener en cuenta es que este reinicio de conversaciones con el Eln, de llegar a fructificar, significará ponerle punto final a la era de los grupos que se levantaban en armas contra el Estado con la intención de llegar al poder, como era la pretensión inicial que luego se desdibujó al caer en el manejo de las economías ilegales del narcotráfico.
Lógicamente esta otra oportunidad para la paz lleva consigo el elemento adicional de tener una guerrilla con incidencia en Colombia pero con influencia en Venezuela, especialmente en la zona fronteriza, que evaluándola a la luz del derecho encajaría dentro de una organización multicrimen por esa connotación de desestabilización a lado y lado del río Táchira.
Norte de Santander, donde esta guerrilla tiene una fuerte presencia en sitios neurálgicos como La Parada y la misma Cúcuta, al igual que en el Catatumbo, es uno de los territorios del país que han sufrido las consecuencias del lacerante conflicto armado que la ha tenido como protagonista.
La primera luz de esperanza que se abre para el departamento es el tácito reconocimiento de lo mal que la hemos pasado con la ‘violencia elena’ que va desde los viejos atentados al oleoducto, hasta los secuestros, asesinatos, desplazamientos, desapariciones y reclutamiento forzado y que en la mesa está el exsenador Jesús Alberto Castilla, quien como negociador será un representante de esta región del país.
De las 450.664 personas que según la Comisión de la Verdad perdieron la vida en Colombia entre 1985 y 2018, a causa del conflicto armado, 17.725 fueron víctimas del Eln. Y de los 50.770 secuestros contabilizados de 1990 a 2018, el 19 por ciento, es decir, 9.538 son de responsabilidad de ese grupo guerrillero.
La expectativa es grande. El mundo está pendiente de este intento para la búsqueda de una salida negociada a una confrontación que ha desangrado al país.
Hay que fortalecer la administración de justicia, resarcir a las víctimas, darles prelación a la verdad y no repetición y llegar al consenso nacional de conjurar y subsanar los factores que llevaron a ese incesante baño de sangre entre hermanos.
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