Drones que ocasionan la declaratoria de toque de queda y familias golpeadas por la violencia que doce años después siguen esperando soluciones prometidas por ser víctimas, son las dolorosas hostilidades y huellas imborrables que deja esta interminable guerra.

Ese presente y pasado del conflicto armado que se cruzan en el tiempo ratifica, por un lado, la potencia y escalamiento del arsenal que ahora utilizan los grupos ilegales.

Estas estructuras en la actualidad cuentan con escuadrones de droneros para el manejo de los aparatos voladores que cumplen diferentes misiones, la más letal de ellas consistente en lanzar explosivos contra miembros de la Fuerza Pública o a combatientes enemigos o para hostigar a la población civil.

El más reciente reporte de acciones bélicas con ese tipo de armamento sucedió en territorio tarrense, donde la Alcaldía se vio obligada a declarar el toque de queda, como consecuencia de los riesgos que esta especie de ‘guerra aérea’ conlleva para los habitantes.

Lo dramático es que ya hay territorios en los cuales hay una alta concentración de incidentes relacionados con incursiones explosivas con esa tecnología, como son Cauca, el Catatumbo, sur de Bolívar, Caquetá, Nariño, Huila, Chocó y Magdalena.

Estar dentro de ese listado de lógica se entiende porque en el departamento hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia de las Farc, que dentro de su estrategia guerrerista y de violencia han sofisticado sus acciones de ataque, espionaje y persecución.

Y mientras la situación en el terreno se vuelve más riesgosa porque ahora una granada puede venir del cielo luego de escuchar un tenue zumbido, antiguas víctimas del mismo conflicto armado, en la zona en que hoy sigue la guerra, todavía no encuentran solución a los impactos recibidos.

Es una paradoja, porque de un lado la violencia se moderniza y tiene dinero a raudales producto de las economías ilegales que la alimentan, y del otro las familias a las cuales la guerra les arrebató sus hijos, sus padres o su tierra y que todavía siguen con la esperanza de las soluciones para reconstruir su futuro.

Integrantes de la Asociación de Desplazados del Catatumbo (Asodepo) están reclamando a las autoridades competentes el cumplimiento de una acción de tutela ganada hace 12 años, donde se obliga a las entidades territoriales la implementación de un programa de vivienda de interés social en Ocaña. 

O sea, desde 2014 está sin acatarse dicho recurso de amparo para solventar el déficit habitacional para más de 300 familias desplazadas por el conflicto armado y es el momento en que debería encontrarse una salida adecuada. 

Resulta importante contener el uso de esta tecnología que, como las armas del pasado, también está dejando víctimas por doquier, porque de lo contrario no sería raro que dentro de una década, por poner un límite de tiempo al azar, estemos asistiendo a combates con otra clase de armas, y viendo a personas reclamando porque no les han reparado los daños sufridos.

Ni más drones explosivas ni más minas antipersonal ni más emboscadas ni carros bombas. Pero al mismo tiempo también debe entenderse que a las víctimas del fragor guerrerista tampoco hay que dejarlas en el desamparo.

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