El tiempo corre y se está a punto de cumplirse los ocho días desde las elecciones presidenciales en Venezuela, en donde nuevamente el fraude y manipulaciones han afectado la voluntad popular expresada en las urnas.

En medio de todo esto la posición colombiana, en especial la del presidente Gustavo Petro sobre el accionar del régimen de Nicolás Maduro fue la más esperada y posteriormente la mayormente criticada, porque no hubo concordancia entre el pensar, el hablar y el actuar.

Por un lado el jefe de Estado habló que el material electoral fuera revelado para someterlo a una veeduría, incluso de carácter internacional y así determinar quién fue realmente el triunfador en las justas del último domingo de julio y en donde los venezolanos se expresaron por un cambio, después de 25 años del chavismo en el poder.

Pero después ardió Troya, así como se ha desatado el inconformismo en territorio venezolano porque las fuerzas opositoras no reconocen a Maduro como presidente reelecto, y señalan que el ganador fue Edmundo González, con un amplio margen.

Sucede que la posición manifestada por Petro sobre “las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano”, como él mismo lo manifestó en su declaración emitida por la red social X, después sufrió una transformación de 180 grados, de acuerdo con el actuar de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA).

No se entiende por qué si el presidente colombiano le planteó al gobierno venezolano “permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”, en la OEA no mantuvo la misma posición.

Un sabor agridulce recorrió el continente y quedó gravitando en la comunidad internacional, cuando el embajador colombiano ante ese organismo multilateral se abstuvo de votar.

¿Cómo así que hasta solicitó que Maduro aceptara el resultado cualquiera haya sido, pero después en la OEA actuó de manera distinta?

Una explicación sobre ese actuar es indispensable, teniendo presente que en esta clase de acontecimientos la presión de las declaraciones de gobiernos vecinos es muy importante por el impacto que generan.

La resolución de la OEA sobre la que también se abstuvieron Brasil y México, planteaba llevar a cabo una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados.

Aunque Venezuela no hace parte de la OEA, instancia de la que se retiró en abril de 2019, el hecho de que este escenario regional intentara pronunciarse para reclamarle a Maduro el respeto a las libertades y darle transparencia es algo que no se puede demeritar ni considerarse como un ‘llamado a la bandera’, porque lo que está en riesgo son las instituciones democráticas y la seguridad y el respeto a los Derechos Humanos de todo un pueblo.

Hay que hacer votos para que la presión interna, la de una oposición que no dé el brazo a torcer en sus reclamos, y la externa, por parte de una comunidad internacional que se una y haga una diplomacia que conduzca a un escrutino claro, aunque sin dejar de lado las acciones judiciales y las sanciones contra los miembro del régimen que se ha atornillado en el poder. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion