Ni siquiera se le ha declarado culpable ni a él ni a su campaña por una serie de irregularidades que llevaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a abrir investigación y formular cargos, cuando ya el presidente Gustavo Petro salió a denunciar que comenzó el golpe de Estado en su contra y a convocar movilizaciones en el país.
Profundizar esos enfrentamientos entre la institucionalidad y utilizar para ello a sus huestes de militantes y seguidores es entrar en una fase extrema que puede, eso sí, herir gravemente a nuestra democracia dentro de la independencia de poderes y el respeto de las fronteras entre las distintas instancias.
Que Petro, utilizando su investidura llame a las bases petristas y de la coalición del Pacto Histórico para descalificar la actuación del CNE, denominándola ilegal e inconstitucional por tratarse de una “violación al fuero integral presidencial” es una salida riesgosa para el país porque acrecentará la lucha de clases y profundizará la polarización política.
Esa convocatoria a “la movilización generalizada del pueblo colombiano” tampoco es sana porque se trata de un mecanismo para el manejo de las masas en contra de los organismos a los que el liderazgo presidencial considera enemigos de la República y su institucionalidad.
Donde ya empezó a advertirse el primer impacto de las encendidas advertencias presidenciales fue en las redes sociales donde los seguidores y las denominadas ‘bodegas’ siguiendo la línea dura presidencial, la emprendieron contra los miembros del CNE.
Debe recordar el jefe de Estado que en el desarrollo del debido proceso hay unas actuaciones muy precisas que debe cumplir el Consejo Nacional Electoral en el expediente que abrió para determinar si realmente hubo la violación de los topes de financiación de la campaña Petro-presidente, por hasta $5.300 millones, dentro de los cinco aspectos detectados.
Desde los medios jurídicos el presidente y los demás que figuran en el caso, entre ellos Ricardo Roa, quien hoy se encuentra al frente de Ecopetrol, tienen la opción de la defensa exponiendo los argumentos con las respectivas pruebas para rebatir las argumentaciones de la sala plena del CNE.
Aquí lo realmente democrático que se debe exigir es que se permita -sin ninguna clase de presiones- que la verdad salga a flote y que los colombianos realmente sepan todo lo ocurrido, en torno a este caso y que se tomen las determinaciones a que hay lugar, si es que las hay y que dentro de los procedimientos legales el expediente vaya a la Comisión de Acusación de la Cámara, si así lo amerita, para una eventual investigación al presidente.
Colombia, en las actuales condiciones en que se encuentra, no se merece que su presidente utilice el ejercicio del poder para promover los choques institucionales y no le ponga la debida atención a problemas como la inseguridad o la desprotección de las regiones que están en riesgo de sufrir fuertes recortes en sus inversiones presupuestales.
No puede Petro dedicarse, ahora, todo el tiempo a defenderse y a utilizar el verbo descalificador en sus discursos, como en el que dijo que “cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia”, en referencia directa a los miembros del CNE que votaron por llevar al banquillo a su campaña, que debe aclararse no lo sacará del cargo, como él lo pretende hacer ver.
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