La foto de Miriam del Carmen Angarita Ortega con cadenas en una de las protestas en la frontera para reclamar la liberación de su hijo Gusmán Humberto Ramírez, detenido sin razón alguna en Venezuela, recuerda la crisis humanitaria que persiste por los colombianos encarcelados en ese país.

El caso de Gusmán Humberto, quien el 11 de octubre de octubre de 2015 salió a trabajar como mototaxista, en Ureña, perdiéndose su rastro, sirve para recordar la urgencia por buscar la liberación de todos los connacionales detenidos.

Fue tan extremo este hecho en particular, que su madre solo volvió a escuchar la voz de su hijo en junio del presente año. Según se ja establecido le endilgan cargos que, de terrorismo, concierto para delinquir, traición a la patria y paramilitarismo.

Como consecuencia de la persecución que en su momento el régimen de Nicolás Maduro desató contra los colombianos, muchos de ellos fueron enviados a prisión, hasta  que por ejemplo en octubre del año pasado 17 de los 40 connacionales que permanecían detenidos en la cárcel El Rodeo I, a 50 kilómetros de Caracas, recuperaron la libertad. 

Pero hoy todavía tanto Miriam del Carmen como otras madres, esposas y hermanas esperan el regreso de sus seres queridos que cayeron en esas redadas desatadas por las autoridades venezolanas contra ciudadanos de otras nacionalidades.

De acuerdo con un último reporte de Foro Penal, correspondiente al pasado cinco de octubre, en ese país siguen tras las rejas 322 presos políticos, a los cuales señalan de presuntamente haber incurrido en diferentes delitos.

Dentro de ese total la organización reseña que 31 son extranjeros, hecho que requiere la urgente acción para que retornen a sus hogares en los países de origen.

Para el caso colombiano tienen ahí una tarea urgente por hacer tanto la Cancillería como la Embajada en Caracas para que se precise la real condición jurídica y de salud de los ciudadanos que siguen encarcelados.

 Aclarar todo eso es necesario y, por ejemplo, exigir explicaciones sobre la razón para que prácticamente el rastro de los detenidos se pierda, como sucedió con  Gusmán, quien solo por la gestión de su mamá logró que tras once años, se supiera algo de él. El debido proceso tiene que hacerse respetar al igual que los derechos humanos, les, la integridad física y la atención médica de quienes fueron llevados a las prisiones venezolanas, en las cuales  pululan los tratos crueles, las torturas y la falta de servicios básicos.

Las excarcelaciones, hasta que ninguno de los colombianos que cayeron en esas redadas sigan en las celdas venezolanas, es la misión de mayor urgencia, para lo cual la gestión diplomática resulta fundamental.

Sin embargo, es igualmente necesario que la presión internacional desde los organismos multilaterales y de las naciones se hagan sentir para que el actual régimen penitenciario venezolano con sus mecanismos violatorios de los derechos fundamentales sea desmontado surja uno ajustado a las normas judiciales.

Además, hay que reclamar que el sistema penal del vecino quede blindado contra acciones de estigmatización y xenofobia hacia las personas detenidas, porque ni la nacionalidad ni la raza ni la edad o el sexo deben ser usados para generar tratos inhumanos o juicios sumarios.

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