Arriesgado para los niños, niñas y adolescentes es, hoy por hoy, el territorio del Catatumbo con laberintos en que se esconden múltiples peligros contra su vida y su futuro. 

El estigma, en esta nueva sucesión de hechos en que los menores y jóvenes quedaron en la mirilla de los violentos, se remonta a aquel 15  de enero de 2025 cuando estalló la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de las Farc.

Ese día fue asesinado un bebé  de nueve meses junto con sus padres Miguel Ángel López y Zulay Durán. Esta vil masacre abrió una puerta al fragor guerrerista que para los más pequeños del hogar les ha significado un calvario lleno de trampas.

 Al cumplirse 21 meses de esa conflictividad, la situación de seguridad continua siendo muy volátil para quienes a temprana edad el conflicto armado los persigue de manera implacable, en una violación de todos sus derechos e infringiendo el Derecho Internacional Humanitario.

En estos días, un padre clamó porque cese la violencia y no se sigan arrebatando vidas como la de su hijo de 17 años quien fuera asesinado, en Tibú. La peor de todo es que no se trata de situaciones aisladas, como lo muestran los datos del absurdo conflicto.

Recordemos que en uno de los reportes del PMU de la Gobernación de Norte de Santander, al 13 de enero de este año, en  la zona del Catatumbo se tenían registros de diez homicidios de menores de edad, dentro del total de 166 personas asesinadas.

Seguimos acudiendo a una cuestión propia de antinatura y de sociedades afectadas por el virus de la violencia, en que los padres sepultan a sus hijos, cuando la lógica es lo contrario, y con repercusiones en diferentes campos de la vida diaria.

Allí se enmarca, igualmente, el caso de un adolescente que murió al pisar una mina antipersonal sembrada por los combatientes que han convertido muchos caminos en senderos explosivos, en los que terminan cayendo víctimas inocentes.

¡Qué difícil es ser niño en el Catatumbo! Esto hay que reversarlo con urgencia, porque no sería de extrañar que finalmente muchas familias decidan sacarlos de la zona y llevarlos a ciudades como Cúcuta o en otras regiones del país.

Un ambiente tan lleno de complicaciones no se lo merecen los menores de edad, a quienes las organizaciones armadas ilegales, igualmente, los siguen reclutando forzadamente.

Esa no debe ser la normalidad para los niños, niñas y adolescentes, quienes tampoco escapan del desplazamiento y confinamiento por el fragor guerrerista que les coarta, limita y cercena las  posibilidades de emprender sus proyectos de vida.

Lo grave es que esta clase de ataques y hostilidades parecen haber empezado a convertirse en una parte del paisaje, dentro de la delicada tendencia hacia la normalización.

Sin duda la institucionalidad y la sociedad con el apoyo de la comunidad internacional es urgente que definan acciones de urgencia para proteger a esta importante sector de la población para que no siga siendo objeto de operaciones e instrumentalización por parte de los actores violentos en esa subregión de Norte de Santander.

Se producen muchos pronunciamientos y documentos en los que se exponen y describen las normas y regulaciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, hay que reconocerlo, en el terreno aquello no funciona y lo que seguimos es en un dramático conteo de casos sobre lo difícil que es ser niño en el Catatumbo.

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