Desde Montería, donde el Estado hizo entrega de 8.430 hectáreas de tierras despojadas a los  campesinos, el presidente Gustavo Petro planteó reabrir la mesa de paz con los paramilitares para cerrar los asuntos pendientes en ese proceso de 2004, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

¿Cuál será el impacto sobre la Paz Total?, es una pregunta válida teniendo en cuenta que viene maltrecha y agonizante luego de que las negociaciones con el Eln quedaran en el limbo y con un recrudecimiento de las acciones armadas y de hostilidades contra la Fuerza Pública y la población civil.

¿Será un discurso más?, preguntan algunos, teniendo en cuenta que no puede tratarse de  una acción improvisada o de un hecho efectista del momento. ¿Cómo será eso de finiquitar el proceso con los paramilitares? 

¿Sería una caja de pandora? Es otra pregunta inquietante en virtud que de hoy estamos ante un fortalecimiento del Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se hacen llamar ahora, y que son disidencias y residuos de las antiguas autodefensas.

La variedad de inquietudes son múltiples frente a ese planteamiento presidencial de retomar las conversiones 18 años después, cuando según el exsenador Uribe, en aquella ocasión con Justicia y Paz fue posible la desmovilización de 35.000 paramilitares.

Esto hay que tomarlo con pinzas, aunque no desecharlo. Pero debería ser primero objeto de un gran análisis con las víctimas, las regiones que padecieron los efectos de la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia, la comunidad internacional, la justicia transicional y la sociedad.

Ahí se deben poner sobre la mesa de discusión aspectos tan sensibles como los desaparecidos, los reales resultados de la reparación con los bienes que los ‘paras’ le entregaron a la justicia, la devolución de tierras despojadas, la recuperación de cuerpos sepultados en las fosas comunes, entre otros.

Son asuntos sumamente sensibles y de un gran impacto, como igualmente lo relativo con los casos que siguen en Justicia y Paz los que ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz, instituciones que tienen gran relevancia y deben estar también dentro del eje en una eventual reanudación de este proceso de paz con los antiguos paramilitares.

Ahí en esa mesa previa, que es indispensable para la socialización, la precisión acerca del número y sobre la real labor que como gestores de paz adelantarán los exjefes paramilitares es necesaria para determinar qué será lo que harán para “ que nos ayuden en este proceso y que encontremos los caminos del entendimiento”, según lo expuesto por el presidente Petro.

Y en el aparte de las regiones, hay señalar que  La Gabarra, Tibú, el área metropolitana de Cúcuta, otras zonas del Catatumbo deben ser incluidas en esas probables nuevas conversaciones, puesto que aquí nada menos que fueron centro de operación del Bloque Catatumbo y del Frente Fronteras.

Un análisis sereno,  un marco jurídico fuerte, unas metas concretas sobre lo que se quiere realmente alcanzar y un blindaje especial para que después no vaya a terminar siendo otra puerta giratoria por la que finalmente entren más factores de violencia que se declaren disidentes de este probable plan de revivir los diálogos con las desmovilizadas autodefensas.

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