Colombia debe establecer con urgencia planes que protejan a los menores de edad de abusadores y violadores extranjeros que llegan al país en una especie de turbio turismo sexual.

La última alarma que acaba de encenderse fue por lo sucedido en Bogotá, donde un estadounidense resultó involucrado en un hecho de esa naturaleza.

Es indispensable que la Cancillería y el Ministerio de Justicia junto con Migración Colombia y la Fiscalía contengan estas acciones contra nuestros niños y adolescentes.

El país no puede estar en la ruta de esa clase de potenciales delincuentes sexuales internacionales para venir a hacer de las suyas.
Hay que hacer lo necesario para que los pedófilos saquen al país del radar como ‘paraíso’ o gran zona para someter a sus aberraciones a los niños y también a las mujeres.

¿Qué está fallando? ¿Es que no hay suficiente intercambio de información con Interpol? ¿Es que hay fallas o no existen los  suficientes mecanismos de  colaboración con las policías de los países de donde llegan esa clase de depravados?

Nuestros niños, niñas y adolescentes están primero y por eso a la práctica ilegal del turismo con intenciones sexuales debe combatirse sin contemplaciones para cerrarle definitivamente la puerta a ese mal.

Lo que acaba de ocurrir se convierte como la gota que rebasó la copa y a las autoridades colombianas solamente les queda actuar, pero no solo reactivamente sino preventivamente.

Habrá que hacerse una revisión y analizar, por ejemplo, mayores controles con acciones de inteligencia en los aeropuertos por los que ingresan ciudadanos extranjeros.

En estos aspectos siempre surge que un reforzamiento de esa clase de medidas pudiera afectar el turismo, pero ahí es donde entra a jugar el Ministerio de Relaciones Exteriores para explicarles a los representantes diplomáticos que no es una acción de xenofobia sino para impedir que violadores de menores lleguen desde otras naciones.

Y también es indispensable que los jueces y los tribunales colombianos los conduzcan al banquillo y les apliquen la máxima condena sin beneficio alguno, para demostrar que ningún pasaporte o visa da patente de corso para hacer de las suyas con los menores.

Es lógica la indignación nacional por este caso, pero ahora lo que debe reclamarse es una operación de apoyo internacional para seguirles la pista a los abusadores sexuales infantiles y evitar que crucen fronteras para continuar cometiendo ese delito, creyendo que pueden hacerlo evadiendo la justicia colombiana.

Sobre la vulnerabilidad a la que está expuesta la población infantil en Colombia a los ataques sexuales, un estudio de la Corporación Excelencia para la Justicia encontró que entre enero y septiembre de 2025, tres de cada diez víctimas de ese delito fueron menores de 18 años.

Luego sí es mucho lo que falta por hacer frente a esta clase actuaciones delincuenciales, máxime si tenemos en cuenta que ahora aparecen como perpetradores ciudadanos extranjeros que llegan de visita con esa pérfida intención.

Para cerrar, dejamos esta reflexión: 

“La explotación y el abuso sexual de menores son una lacra mundial. La colaboración intersectorial y transfronteriza es fundamental para hacer frente a este problema”, afirmó la  directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

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