Haciendo un rastreo por la web sobre situaciones relacionadas con hostigamientos armados a la educación en Colombia, se advierte que los grupos violentos violan sistemáticamente este derecho.

Por ejemplo, pese a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en 2021 la Resolución 2601 y la Declaración de Escuelas Seguras que se dio a conocer hace diez años, el entorno de violencia a sigue acorralando esos lugares.

La Declaración de Escuelas Seguras, firmada por Colombia en diciembre de 2022, llama a fortalecer el rol de protección que tiene la educación durante conflictos armados y asegurar la continuidad educativa en escuelas y universidades en estas situaciones, entre otras. 

También llama al Estado a investigar y juzgar debidamente a los responsables de ataques o usos militares a esta infraestructura.

Para Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados, la CID y Unicef, dos los ataques contra las escuelas en Colombia y el mundo atentan contra el acceso al derecho fundamental de la educación, al igual que a otros derechos de la infancia como la protección, nutrición, la participación, el desarrollo de su personalidad, de sus capacidades y aptitudes, recreación, entre otros.

Es decir, si superponemos dichas precisiones reseñadas por la comunidad internacional con los ataques contra establecimientos educativos en el Catatumbo, Cauca y otras regiones del país, advertimos que el Eln y las disidencias de las Farc hay pruebas suficientes para que esas violaciones les generen responsabilidades y sanciones.

Y una de las mejores confirmaciones de la peligrosidad vigente lo resume la siguiente precisión de la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Lucy Maritza Molina,“la escuela tiene que estar por fuera de las zonas de combate. No podemos permitir que grupos armados sobrevuelen con drones las sedes educativas o que las acciones violentas pongan en peligro a los niños y jóvenes”.

Pero igualmente debemos indicar que no es solo contra la infraestructura, sino que igualmente ponen en riesgo la vida de los alumnos, quienes además sufren la amenaza de ser reclutados forzosamente para convertirse en combatientes al servicio de las estructuras armadas.

E igualmente los docentes no escapan al riesgo de hostigados, estigmatizados, secuestrados, asesinados y obligados a abandonar por la fuerza las zonas en donde prestan su servicio educativo.  

Combinando todo esto se advierte que la educación en subregiones como la integrada por los municipios catatumberos  debe enfrentar un ambiente muy complejo para el desarrollo de su labor para la formación de los estudiantes.

Al Gobierno nacional por intermedio de la Fuerza Pública y mediante las acciones institucionales le corresponde proceder a prevenir y generar las medidas requeridas para que los niños, niñas y adolescentes de sectores afectados por el conflicto armado tengan la opción de acceder a la educación sin correr riesgos.

Debe tenerse en cuenta que otro de los males ocasionados por esa clase de acciones hostiles, es la deserción escolar porque los menores debido al temor no regresan al salón de clases  y,  en otros casos, los padres se abstienen de enviarlos por el peligro que puedan correr. 

No podemos darnos el lujo de permitir que la violencia nos vaya a conducir a que las aulas queden vacías y el analfabetismo empiece a mostrar datos de alto crecimiento.

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