La degradación del conflicto armado en el Catatumbo se profundiza y deja una huella imborrable para la historia, ante el hecho de transformarse en un territorio surcado por los peligrosos vuelos de los drones cargados con explosivos.

Esta subregión de Norte de Santander, cuya población quedó atrapada en medio de la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc, se enfrenta a ese enemigo que desde el aire transporta la muerte y la desgracia.

No es que estemos ante situaciones que hagan parte del imaginario. Se trata de una realidad dramática que lógicamente se afecta por los subregistros y aquél hecho común en toda confrontación armada, donde la verdad es la primera baja que sufre la sociedad.

Un dato que hace parte del registro que llevan organizaciones de derechos humanos señalan que entre 2025 y lo corrido de este año han ocurrido más de 60 ataques con estos dispositivos no tripulados en esta importante zona del departamento que hace parte de la disputa entre esas  estructuras armadas no estatales.

La cantidad de víctimas reportadas se calcula en 75, entre quienes figuran 5 civiles fallecidos, 21 habitantes heridos, 8 integrantes de la Fuerza Pública muertos y 27 heridos.

Como se nota, ahora dentro de los partes de guerra, si podemos llamarlos así, los efectos que esta nueva arma introducida poco a poco adquiere mayor importancia dentro del arsenal con el que cuentan los combatientes en sus operaciones de ataque al enemigo o para espiarlo  y al mismo tiempo atemorizar, hostigar y poner en peligro la vida de la población civil.

Es que uno de esos aparatos cargados con dispositivos llenos de explosivos ejercen una función similar a las minas antipersonal,  adquiriendo entonces la característica de armas letales prohibidas.

Es que para el campesino, el estudiante, el ama de casa, el soldado o el policía  que se encuentran en el territorio catatumbero el peligro de muerte llega desde el aire acompañado de un leve zumbido, como una trampa contra la integridad de las personas.

Sin duda, el Derecho Internacional Humanitario recibe, también, un impacto directo con el uso indiscriminado de estos sistemas habilitados para ocasionar el mayor daño posible contra los objetivos escogidos por los combatientes de esas organizaciones ilegales.  

El otro hecho que están ocasionando las aeronaves no tripuladas, es el desplazamiento de personas, puesto que esas incursiones aéreas sobre viviendas y zonas habitadas, conllevan a que la gente salga en búsqueda de  protección en áreas más seguras.

Entonces estamos ante un hecho más delicado que es el de lanzar incursiones para dejar inhabitados ciertos lugares situados estratégicamente o con fines de provocar crisis humanitarias.

El Gobierno nacional habla del escudo antidrones, pero es urgente que en Norte de Santander y específicamente el Catatumbo sea cubierto por dicho plan para combatir a este frente de guerra aéreo-explosivo abierto por los violentos para someter a los civiles y atacar a la Fuerza Pública.

Este reacomodo del conflicto donde los combatientes ahora están optando por usar este nuevo sistema de lucha, nos demuestra que el derecho a la vida enfrenta un serio peligro por parte de quienes  se disputan el poder en un territorio como el Catatumbo, donde el Estado no puede permitir que las fuerzas ilegales sigan haciendo de las suyas.

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