Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá acaba de ordenarle a Abelardo de La Espriella que retire, en 24 horas, toda propaganda que contenga la bandera de Colombia, el escudo nacional, saludos militares y las frases “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. La medida cautelar llegó por acción de tutela de un ciudadano que argumentó vulneración del derecho a la igualdad electoral.

La decisión es un error. Y conviene decirlo con precisión, no con estrépito.

La Constitución de 1991 es explícita en su artículo 20: no habrá censura. El artículo 258 protege el sufragio libre de coacción, no el sufragio libre de banderas. Prohibirle a un movimiento que se llama “Defensores de la Patria” el uso de los símbolos de esa patria no es proteger la democracia. Es ponerle candado al lenguaje político con una llave judicial.

Los símbolos patrios no pertenecen a ningún candidato. Tampoco le pertenecen a ningún tribunal. Le pertenecen a los colombianos. Y los colombianos los usan en partidos de fútbol, en serenatas de independencia, en procesiones, en protestas y, sí, también en campañas políticas. Siempre lo han hecho. Todos los partidos lo han hecho.

Lo que el magistrado  Rafael Chavarro Poveda calificó como coacción electoral es, en realidad, un recurso comunicativo que la izquierda, el centro y la derecha han empleado históricamente sin que ningún tribunal los detuviera. La diferencia es el momento: doce días antes de una segunda vuelta.

Él reseñó que presentar una propuesta electoral asociada a emblemas patrios podría generar la percepción de que quienes no la respaldan actúan en contra de los intereses nacionales, lo que constituiría una forma indebida de influencia sobre el electorado.

La decisión no solo es jurídicamente discutible. Es políticamente desastrosa. Le regala a De La Espriella exactamente lo que más necesitaba: una narrativa de persecución, un agravio movilizador, una foto de víctima. La justicia, queriendo nivelar el campo, lo inclinó.

Esto no es defender al candidato ni a su proyecto. Es defender una regla que no puede tener excepciones: en democracia, los jueces no le dicen a la política qué palabras puede usar.

Para la historia y el análisis queda entonces la siguiente precisión consignada en el documento que contiene el citado fallo: “Al emplearse la simbología soberana del Estado colombiano para abanderar sus propuestas, afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social y transmite el mensaje de que toda manifestación de oposición a la aludida campaña electoral y una decisión contraria a esa propuesta política constituyen acto de deslealtad para con el Estado soberano de Colombia”.

Hoy le prohibieron decir “patria” con bandera. Mañana, ¿qué sigue?

Esta decisión llegará a impugnación y probablemente será revocada. Pero el daño ya está hecho, y no es el daño a una campaña. Es el daño a la percepción de que las reglas del juego aplican igual para todos. A doce días del 21 de junio, Colombia no necesitaba más razones para desconfiar de sus instituciones. El Tribunal acaba de fabricar una.

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