Las Estaciones y CAI de Policía en Cúcuta, en los que funcionan Centros de Detención Transitoria (CDT), registran altos niveles de hacinamiento. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en la ciudad este porcentaje alcanza un 420%.
En este contexto, la Mecuc informó que las unidades que presentan esta problemática son el CAI de Alfonso López, el cual tiene una capacidad para seis privados de libertad y actualmente tiene 61; el CAI de Guaimaral que con capacidad para cuatro reclusos, registra 19, y el CAI Kennedy con capacidad para ocho y una cifra que alcanza los 63.
Otros Centros de Detención Transitoria donde se presenta esta situación son el de la Estación Centro que tiene espacio para 15 reclusos y reporta 83; la Estación Libertad con capacidad para 10 y una cifra de 63 privados, y la Estación Trigal con capacidad para 14 y una población de 75 presos en la actualidad.
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Con respecto al área metropolitana de Cúcuta, la institución precisó que en Los Patios el nivel de hacinamiento asciende al 182%, concentrándose el mayór número de privados de la libertad en la Estación Los Patios.
En cuanto a los municipios de Villa del Rosario, El Zulia y San Cayetano, este mismo porcentaje se ubica en un 56%, siendo la estación de Villa del Rosario la que tiene la cifra más alta de reclusos. Según la Mecuc, el total general de hacinamiento es de un 280%.
Razones de la problemática
La Mecuc precisó que la problemática actual de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria administrados por ellos, tiene su origen en la desnaturalización de estas instalaciones, las cuales fueron concebidas exclusivamente como lugares de tránsito temporal para personas capturadas, mientras se resuelve su situación jurídica.
“No obstante, debido a la imposibilidad de realizar traslados oportunos a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional, estas personas permanecen de manera prolongada en instalaciones policiales”, agregaron.
Según afirmaron, esta situación obedece, entre otros factores, a la congestión del sistema penitenciario y carcelario, el incremento de las medidas de aseguramiento intramurales, la limitada infraestructura carcelaria disponible y las dificultades de articulación interinstitucional.
Por otra parte, la Policía señaló que, en algunas estaciones y CAI de la zona urbana, si bien existe infraestructura destinada a CDT, actualmente no se encuentran albergando personas privadas de la libertad, debido al avanzado deterioro de las instalaciones, lo cual incrementa el riesgo para la vida e integridad de esta población.
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“De igual manera, en las subestaciones y estaciones de Policía ubicadas en zonas rurales, por razones de seguridad derivadas de afectaciones contra la Fuerza Pública durante las últimas vigencias, se ha optado por no ubicar reclusos en dichas unidades, como medida preventiva”, expusieron.
Acciones adelantadas
Frente a las acciones adelantadas para mitigar esta problemática, la Policía Metropolitana de Cúcuta ha implementado medidas orientadas a garantizar condiciones mínimas de dignidad y respeto por los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad bajo su custodia temporal.
Dentro de estas destacaron la coordinación permanente para la conexión oportuna a audiencias judiciales programadas, la habilitación de espacios para visitas de familiares, conforme a condiciones de seguridad, la realización de brigadas de salud en articulación con entidades competentes y el desarrollo de brigadas jurídicas para la orientación de las personas privadas de la libertad, entre otras.
“Sin perjuicio de lo anterior, reiteramos que la permanencia prolongada de personas privadas de la libertad en instalaciones policiales desborda la función constitucional de la Policía Nacional, la cual corresponde principalmente al apoyo a la administración de justicia, más no a la administración del sistema penitenciario”, añadieron.
En virtud de lo anterior, la Policía Metropolitana ha venido adelantando de manera reiterada comunicaciones oficiales dirigidas a las entidades competentes del orden nacional y territorial, así como a los organismos de control, en las que se pone en conocimiento la situación crítica de hacinamiento y se insta a la adopción de medidas urgentes y estructurales que permitan superar la problemática existente, todo en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y demás disposiciones vigentes.
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