La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó al último secretariado de las Farc a audiencia pública de reconocimiento de verdad por el reclutamiento y utilización de niñas y niños y las violencias conexas cometidas en su contra dentro de las filas.

Y saber que ese delito se ha reciclado y persiste entre nosotros con la guerra del Catatumbo y en otros lugares de Norte de Santander, siguiendo un doloroso conteo ascendente.

Esta citación de la JEP debe llamar a la reflexión sobre el riesgo que el conflicto armado representa para los niños y adolescentes que son forzados a dejar el hogar y el estudio para ser instrumentalizados por los violentos que los enlistan en sus filas.

Ante las víctimas, la justicia y el país, Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, antiguos integrantes del último Secretariado de las extintas Farc, deberán reconocer su responsabilidad como máximos responsables por los crímenes imputados en el Caso 07.

Según el Universo Provisional de Hechos del Caso 07, las antiguas Farc reclutaron a 18.677 niñas y niños entre 1971 y 2016. 

La investigación identificó cuatro años con picos críticos —1999, 2002, 2007 y 2013— y un recrudecimiento sostenido entre 1996 y 2016. 

El reclutamiento fue mayoritariamente forzado: el 64% de los casos se ejecutó por la fuerza, el 22% mediante engaño y el 13% por persuasión.

Una afrenta para el futuro del  país fue lo que hicieron los integrantes de esa estructura, al quitarles el lápiz y el cuaderno a los menores de edad para cambiárselo por un fusil o una pistola y sacarlos del aula para llevarlos al campamento guerrillero a aprender las formas de ataque a la población civil y a la Fuerza Pública.

Uno de los efectos nefastos, es que los grupos disidentes que le dieron la espalda al Acuerdo de Paz, como el frente 33, en el Catatumbo, mantienen esa práctica la cual utiliza hasta las redes sociales para atrapar a sus víctimas.

No podemos quedarnos en la enumeración de los hechos, sino emprender planes especiales para ese delito no siga siendo un fantasma que se ensañe con los menores de edad y les afecte su vida familiar, emocional, educativa y profesional.

Es que si midiéramos lo anterior, añadiendo los peligros para la integridad y la vida de los niños de la guerra, serían incalculables los recursos económicos que a manera de indemnización deberían pagar los victimarios.

Recordemos que llegó a tener una edad  de ‘vinculación’ del futuro reclutado de 15 años, aunque como fue documentado por la JEP, también “en la búsqueda constante de personal se tradujo en una política de incorporación que, de facto, incluyó a niños y niñas, incluso menores de 15 años”.

El reclutamiento hay que repudiarlo, porque también conlleva a otros impactos sobre las víctimas como son los de la esclavitud y explotación sexual y la servidumbre, como se ha expuesto en diversas denuncias.

Debe tenerse también en cuenta que la prevención del reclutamiento forzado es una responsabilidad ineludible del Estado y de la sociedad, que deben tener acciones y programas encaminados a prevenir, rescatar y salvar a los niños y niñas de las garras de la guerra.

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