Cúcuta debería estar celebrando: la acaban de salvar del pago de mucho más de 40.000 millones de pesos por razón de un proceso judicial que crecía y crecía, y que acaba de ser anulado por el Consejo de Estado, ante recurso planteado por un abogado externo del Municipio.

El lío llevaba ya varios años, y surgió cuando en 2006, el alcalde suspendió un contrato de concesión del parqueadero municipal con la firma Los Coches, cuyo propietario, José Alfonso Fuentes, falleció. Los herederos impugnaron la suspensión, y un laudo arbitral de la Cámara de Comercio les benefició.

Con base en él, los demandantes comenzaron a acumular intereses de mora, y la deuda total llegó a más de 40.000 millones de pesos. Por fortuna, en decisión que se debe reconocer, el alcalde actual le ordenó a un abogado externo llevar hasta el Consejo de Estado el proceso.

El alto tribunal falló en contra de los demandantes, y así el Municipio se salvó de pagar la supermillonaria suma.

Por fortuna, esta vez alguien defendió con lealtad y determinación al Estado, porque como es costumbre de muchos años, la desidia de los defensores se hizo ley, al punto de que aún se dice que el único proceso que no se gana contra el Estado es el que no se plantea.

Por esta costumbre de abandonar los intereses del Estado, que igualmente son los de toda la sociedad, Colombia ha perdido millonadas en demandas judiciales que se pudieron evitar o, en último caso, ganar.

De acuerdo con estimativos oficiales, en este momento cursan, en juzgados de todo el país, demandas civiles por unos 400 billones de pesos, equivalentes a poco menos del doble del presupuesto general de gastos de la nación en este año, que es de 235 billones de pesos.

La razón de las cifras está en que el Estado es, en materia de responsabilidad extracontractual, responsable de todo cuanto ocurre con sus súbditos, y por ello, la gente considera que, en caso de alguna eventualidad que perjudique a alguien, se debe demandarlo económicamente, haya o no razón. Total, como no hay quien lo defienda, nada ni nadie impide que, ante la inasistencia a las diligencias judiciales, la demanda termine en favor del demandante.

Un informe de julio pasado indicaba, sin embargo, que la tendencia comenzó a revertirse, y que en algunos casos son más las demandas que el Estado gana, que las que pierde. Las cifras indicaban que, para entonces, se había evitado pagar unos 7.4 billones de pesos.

En el caso de Cúcuta, esos 40.000 millones de pesos servirán para programas de todo tipo, en momentos en que hace falta dinero para, por ejemplo, recuperar la capa asfáltica, dotar a las escuelas con personal auxiliar o buscar ubicación para los 7.000 vendedores informales que tienen sitiada gran parte de la ciudad.

Este desangre de las demandas, sumado al de la corrupción, que llega a ser de 60 billones de pesos, en muchas oportunidades están relacionados: haya mafias de demandantes del Estado, que llegan a ganar demandas multimillonarias y que, de alguna manera, impiden que el Gobierno se ocupe, con suficientes recursos, de programas esenciales para el desarrollo del país.