Muchos ni sabían ese nombre. Ni dónde queda. Pero de lo que se trata es de un hecho relacionado con la cruda realidad de Cúcuta tomada por una veintena de bandas que ya hasta ejercen  controles sociales y territoriales sobre los habitantes.

Eso lo padecen en San Gerardo, 6 de Reyes y Colinas del Tunal, cerca de San Faustino y a un paso de la frontera con Venezuela, en la Comuna 6.

Una mejor señal para notar que no se trata de un lugar que esté por allá en el último rincón del municipio, es que la ‘Trifrontera’ se localiza en inmediaciones de la cárcel.

Por eso el llamado es a la institucionalidad del municipio, para que haga una especie de ‘toma’ de esa área para evitar asuntos tan aberrantes como el denunciado, de que unas bandas hasta  controlan el suministro de agua potable en la zona.

También el llamado es a la Fuerza Pública para que desarrolle operativos y desmonte ese yugo criminal impuesto por el Tren de Aragua y otros grupos armados, que según advertencias de la comunidad, intimidan, desplazan, extorsionan y asesinan.

Es una violación a los Derechos Humanos, provocan allí el desplazamiento urbano mediante amenazas para que abandonen esos barrios y ellos tomar las viviendas como centro de operaciones criminales.

El Estado no puede darse el lujo de perder el control sobre un territorio urbano como ese, que además es estratégico por la ubicación fronteriza, y debe actuar con contundencia con el Ejército y la Policía.

La localización territorial muestra, de acuerdo con las denuncias conocidas por La Opinión y publicadas en el trabajo periodístico titulado: ‘En ‘La Trifrontera’, criminales les ponen precio a la vida y al agua’, que es indispensable tratar de contener la incidencia de las estructuras  delincuenciales venezolanas.

Reforzar la vigilancia en las trochas de San Faustino y disponer de un CAI de la Policía para brindar seguridad a todo ese sector de la ciudad es una tarea que se necesita concretar de manera  urgente.

Y para cerrar el cerco, en una labor entre las autoridades de Policía, Fiscalía y la administración de justicia hay que proceder a determinar los cargos, ordenar las capturas y llevar al banquillo a quienes están cometiendo toda esa clase de delitos, brindándoles todas las garantías a las víctimas y a los denunciantes.

Escuchar que unos delincuentes les cobren a los vecinos por llenarles el tanque de agua o que saquen a la gente amenazada para montar en sus casas refugios del crimen y que semanalmente cobren extorsión a los comerciantes y vendedores de esos tres barrios es algo que debe encender las alarmas.

El otro aspecto que debe llamar a una reflexión desde el punto de vista sociológico, es que en este caso en específico los delincuentes tienen edades entre los 18 y 26 años, que no es un dato menor, puesto que esto indica que una parte de la juventud sigue prefiriendo el camino del narcomenudeo, el sicariato, la extorsión, el hurto, el narcotráfico y otras economías ilegales.

Por todo lo anterior, no se puede seguir permitiendo que los criminales se apoderen de zonas de la ciudad donde hasta patrullan fuertemente armados y amenazan a los líderes  comunales, eso hay que erradicarlo para debilitar territorialmente estos imperios del delito.

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