Según datos de la UNESCO, en el mundo el número de estudiantes matriculados en educación superior se ha más que duplicado en las últimas dos décadas, pasando de unos 100 millones en 2000 a 269 millones en 2024.

Dentro de este antecedente podemos encajar a Cúcuta y, más específicamente a la ciudadela Juan Atalaya para la cual se tiene definida la construcción de una universidad.

Y sí es razonable que una localidad con 300.000 habitantes cuente con las instalaciones adecuadas para ofrecerles opciones de cursar carreras universitarias dictadas por diversas instituciones.

Precisamente, en este aspecto de ampliación de la cobertura para los barrios del occidente  de la capital nortesantandereana, hay que indicar que la UNESCO precisa que el 43 % de la población en edad universitaria participa en estudios superiores en el mundo.

Desde diversos aspectos, una universidad en Atalaya viene a encajar dentro de la universalización de este renglón educativo, al brindarles una mejor oportunidad a quienes quieran entrar a cursar cualquier tipo de carrera.

Uno de esos obstáculos que a veces no se ven pero que tienden a volverse insalvables, es el económico, relacionado especialmente con los gastos de transporte y alimentación.

Esos dos asuntos para muchas familias no resultan tan fácil de sostener, bien sea porque el presupuesto no les alcanza para ello o porque al cruzarse con otros relacionados con los costos de otras necesidades relacionadas con la carrera.

La localización de los centros de enseñanza superior, para quienes residen en dicha ciudadela cucuteña les genera hoy una alta erogación en materia de transporte para poder asistir a clases.

Al levantar esa talanquera y ponerles la institución más cerca de la casa a quienes desean salir del colegio para seguir estudiando hacia su formación profesional, se logrará que todos tengan acceso libre sin la dificultad económica que muchas veces hace que dichas metas se malogren.

Pero de la mano de una cobertura sin esas complicaciones, tienen que llegar la calidad educativa, la suficiente cantidad de docentes requeridos y una oferta variada de programas.

Es que si todo lo anterior no se cumple, de nada valdría el esfuerzo ni la inversión calculada en $35.000 millones para construir dichas instalaciones educativas, porque a la postre podría todo terminar en la deserción de las aulas.

Interesante sería que paralelo a los procedimientos de la obra física se activen acciones para la definición de todos los detalles que se relacionan con la oferta de carreras, su pertinencia y si corresponden a las expectativas de los potenciales alumnos y de la misma ciudad.

Serían como mesas en que participen todas las universidades públicas y privadas de la región, junto con el Ministerio de Educación y las autoridades del ramo en el departamento y la ciudad. Entre los insumos podrían estar una especie de sondeo en los colegios en los últimos años de bachillerato, al igual que teniendo opciones planteadas por organizaciones gremiales y la misma Cámara de Comercio, para que se tenga un fundamento de necesidades y teniendo presente su influencia sobre municipios vecinos.

Lo novedoso fuera la construcción de los programas académicos a los que podrán acceder los estudiantes salga de un proceso concertado entre todas las partes.

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