Exactamente faltan cuatro meses para la finalización del actual mandato de los alcaldes y el gobernador, tiempo en el que la ciudadanía debería aprovechar para hacerles una veeduría con la medición del cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Lógico, sería un ejercicio democrático sin interferencias políticas para que los nortesantandereanos en general y los habitantes  de cada uno de los 40 municipios en particular, sepan en qué se fueron estos cuatro años  y si quedaron muchos asuntos pendientes.

Claro que debe tenerse presente que se trató de un periodo más allá de lo atípico como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y de todo orden desatada por la pandemia del coronavirus que estalló cuando los gobernantes locales que alistan su despedida se estaban acomodando en sus despachos y empezando a definir los programas que iban a desarrollar para atender las necesidades de la población, en atención a lo  que ellos en su momento  prometieron durante la campaña.

La evaluación desde la comunidad es  fundamental dentro de esa tarea esencial como constituyente primario de desglosar y evaluar punto a punto la propuesta de quien resultó electo, dentro del voto programático.
 
Ni picota ni tampoco la utilización de los resultados de esa valoración con fines de atacarlos y alimentar ánimos opositores son las opciones en esta  especie de pasada al tablero para el examen final de quienes entre 2020 y 2023 estuvieron al frente de la administración departamental y de los gobiernos municipales.

Es que aquí lo esencial es la tarea participativa de los ciudadanos en el análisis de lo que se hizo en cada una de las secretarías e institutos y considerar si fueron lo suficientemente eficaces, en qué se falló y qué faltó por hacer, bien sea porque no hubo tiempo, los recursos económicos no alcanzaron o la pandemia tuvo incidencia en que mucho de lo prometido finalmente no pudiera ejecutarse.

Es que la veeduría tiene que llegar a entenderse como una práctica inherente al ejercicio ciudadano, que tiene tanto el derecho como el deber de ayudar a cuidar los recursos y a hacerle seguimiento a la administración pública.

Qué mejor que los habitantes de la comuna, la vereda, el barrio, la vereda o los municipios quienes entreguen el punto de vista con más objetividad, puesto que son quienes sienten si realmente hubo o no gestión.

¿Para qué sirve eso? ¿Será una pérdida de tiempo? Preguntas como estas pueden surgir, y la respuesta  es que nunca los ciudadanos pueden ser convidados de piedra ni quedarse sin expresar sus consideraciones sobre lo que ocurre en su entorno.

Y sí sirve de mucho una labor de estas, porque cuando llegue el próximo gobernador y los nuevos alcaldes, las comunidades ya les podrán presentar una bien y sustentada compilación de lo que se considera urgente incluir dentro de la  agenda de proyectos, con el fin de no aplazar su ejecución por tiempo indefinido.

Utilizar el mecanismo veedor es, además, una buena manera de oxigenar la relación comunidad-gobierno, porque como lo expone la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas tienen por objetivos fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal, por ejemplo. 

Además, se trata de una opción fundamental para  la promoción y fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana y comunitaria y velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción pública.