Sobre los vehículos venezolanos en manos de ciudadanos locales que los registraron y pagan impuesto por ellos, surgieron una serie de consideraciones de forma que puedan tener algunas opciones especiales que, lógicamente, deben ser aprobadas por el Gobierno nacional.

Una de ellas es que los 69.917 carros  y motos cuyos poseedores acataron la internación y registro pagando anualmente el tributo de rodamiento en el departamento, puedan tener circulación libre por el país hacia Bucaramanga, Bogotá o la Costa Caribe, es decir por todo el país.

Como en ese sentido se advierte un vacío jurídico, les corresponde a las autoridades nacionales buscar abrir dicha alternativa, porque por el momento la normatividad vigente no lo permite.
Habría que adicionarse un artículo para los automotores con registro en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, como lo es Norte de Santander, con el fin de  que tengan la opción de solicitar o contar con el permiso de circulación temporal o indefinido por todo el país.

“Le hemos propuesto  al Ministerio de Hacienda permitir la circulación del vehículo venezolano que está pagando impuesto, a nivel nacional”, es lo dicho por el secretario de Hacienda departamental, Sergio Entrena. 

En ese aspecto deberían los mismos gremios y la dirigencia política regional  exponer las alternativas más sólidas  para que esa opción se pueda llegar a  dar evaluándola con la DIAN y al tenor de lo que se expone en el campo de la importación temporal de vehículos que es solo para residenciados en Táchira, por citar un caso específico.

Lograr esta alternativa se pensaría que sirva para evitar que  muchos empiecen a creer que es injusto que aunque tributen no se les dé una opción, con las obvias regulaciones para evitar que se convierta en una ‘puerta giratoria’ para que muchos de los 52.431 carros y 17.486 motocicletas de matrícula venezolana que aparecen en el registro, terminen en otras  partes del país.

Porque bien podría llegar a pensarse que esto termine en una acción de contrabando si los mecanismos que se llegaran a establecer no son los adecuados o que por efectos de la corrupción el pedido de abrir las vías nacionales a este parque automotor extranjero registrado en la frontera pueda darse.

Es una cuestión complicada que sin embargo es necesario considerar y valorar con alternativas que eviten desviaciones o fracturas que en últimas puedan llevar al desmonte de lo logrado hasta el momento con dichos vehículos. Por eso hay que pensarlo bien e igualmente fundamentar tanto jurídica como técnicamente la alternativa.

Mientras dicha opción camina, algo en lo que sí debe actuarse de inmediato es en autorizar que la tarjeta de registro de los carros y motos venezolanos sea el mecanismo regulador para la venta de gasolina subsidiada en Cúcuta y en el resto del departamento a los vehículos de placa extranjera.

Sobre este particular resulta urgente  el pronunciamiento del Ministerio de Hacienda, que tiene la propuesta en sus manos, para de esa forma cuidar el cupo de combustible subsidiado y que los carros y motos que entran de Venezuela por los puentes sean tanqueados con gasolina de precio nacional.

Aquí sí la lógica indica que el subsidio  de la gasolina debe de ser para los habitantes de la frontera colombiana y que quienes lleguen del otro lado del río Táchira tengan acceso sin ninguna complicación a las estaciones de gasolina de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander y Los Patios, pero pagando el galón a precio full con el arancel e impuesto nacional incluidos.

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