La Corte Constitucional puso la lupa frente a la grave situación de riesgo que están los candidatos del partido comunes, de cara a las elecciones regionales que se llevarán en el próximo mes de octubre.
Se reconoció como un enorme desafío, pues si bien las entidades estatales encargadas que conforman el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) ya han realizado acciones tendientes a preservar la integridad de los y las firmantes en este periodo, “se considera que, el panorama crítico de seguridad en el contexto electoral exige asegurar que el Estado en su conjunto redoble tales esfuerzos”.
Según explicó la Corte, los candidatos pertenecientes al partido que surgió tras la dejación de las armas de las FARC, están expuestos a estigmatización social y persecución debido a su calidad de excombatientes.
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Esto sumado frente a las alertas tempranas donde refieren un estado de riesgo en 676 municipios, 19 áreas no municipalizadas y el Distrito Capital. De estos, 113 municipios están en riesgo extremo, 286 en riesgo alto y 184 en riesgo medio. Sumado a los departamentos que presentan mayores riesgos para la población firmante como son: Cauca, Arauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Antioquia.
La Sala determinó que la situación de inseguridad y amenaza contra sus vidas, que alcanza un mayor nivel de intensidad durante el periodo electoral, “atenta profundamente contra el proceso de reincorporación efectiva y, además, pone en riesgo el proceso de fortalecimiento democrático que buscaba el Estado al incluir en el escenario electoral a un nuevo actor político”.
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Medidas urgentes y ordenes a entidades
Frente a este panorama, la Corte Constitucional adoptó cinco medidas urgentes para la protección de los integrantes del partido Comunes, entre las que están medidas para enfrentar la estigmatización en el periodo electoral, asegurar rutas de protección y atención prioritaria, medidas para funciones de investigación penal y vigilancia de conductas que afecten a los miembros del partido y medidas urgentes para asegurar las garantías para el ejercicio del derecho al voto de los firmantes del acuerdo de paz.
Igualmente, el Alto Tribunal le ordenó al Ministerio del Interior y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) desarrollar un plan de garantías electorales con actividades, tiempos y lugares definidos, en especial para territorios con riesgos extremos.
Estas órdenes también van dirigidas para la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, la UNP, la Registraduría y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz “diseñar e implementar de forma inmediata una estrategia que mitigue riesgos respecto de posibles vulneraciones del derecho al voto en la población firmante”.
Estas entidades deberán remitir un informe de cumplimiento a la Sala de la Corte Constitucional dentro los siguientes 20 días.
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