Como muchas otras de las ciudades de Colombia y Latinoamérica, Cúcuta se ha caracterizado por su desarrollo a través de procesos de urbanización ilegal o informal.

Este proceso varia de intensidad y extensión, en unas ciudades más que en otras, pero en todos los casos se caracteriza por albergar población procedente principalmente de procesos migratorios del campo a la ciudad y en la última década, de procesos migratorios de extranjeros provenientes principalmente de Venezuela.

De esta manera,  las personas que viven en este tipo de urbanizaciones hacen parte de la población vulnerable que generalmente tiene un alto grado de pobreza y bajo nivel de escolaridad, y gracias a que estas urbanizaciones ilegales son la única alternativa accesible para resolver su necesidad de vivienda, existen urbanizadores ilegales que se dedican a “urbanizar” y vender lotes y viviendas que no cumplen con la normatividad urbanística, legal ni ambiental y someten a los habitantes a vivir en bajos estándares urbanos y sociales.

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Uno de los casos más reconocidos en el país es el de la banda “Los Tierreros en Bogotá”, que según datos de la fiscalía, en el 2012 fueron capturados y llevados a juicio 18 de sus integrantes por estafar a 400 personas mediante la venta de lotes que previamente habían sido invadidos, cuyo monto que ascendía a $46.700 millones de pesos (Fiscalía General de la Nación, 2014).

Cúcuta no es la excepción, según datos del Departamento Administrativo de Planeación, para el año 2020 Cúcuta contaba con un total de 436 barrios en las 10 comunas, de los cuales 114 son asentamientos ilegales (barrios consolidados) y 55 asentamientos precarios ilegales; esto indica que aproximadamente el 40% de los barrios en la ciudad mantienen la condición de urbanización ilegal. 

A continuación, veremos algunos impactos de las urbanizaciones ilegales en el desarrollo de la ciudad

Desde el punto de vista social, las familias asentadas no gozan de un espacio adecuado y confortable para su desarrollo y no nos referimos a las viviendas per se, si no a la falta de acceso a los servicios públicos y vías pavimentadas, a las dotaciones requeridas como colegios, centros de salud, estaciones de policía y finalmente, al espacio público adecuado para el sano esparcimiento, como zonas verdes, plazas, parques y alamedas.

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Esto por un lado acentúa la desigualdad e incrementa las brechas entre clases sociales, y por otro lado, dificulta el desarrollo de procesos culturales y de seguridad en la apropiación del espacio público por parte de sus habitantes. Convirtiéndose en terreno fértil para la delincuencia entre los jóvenes.

A nivel ambiental normalmente las urbanizaciones ilegales se desarrollan en terrenos inestables de alta pendiente, lo que implica que tienen procesos activos de remoción en masa, o en suelos destinados a la protección ambiental de cuerpos hídricos (cauces, humedales, meandros, etc.), que son susceptibles de inundaciones.

Durante el proceso de invasión no se contempla el cumplimiento de ningún tipo de normatividad ambiental, aumentando el impacto e incluso depredando las especies vegetales y animales, sin un correcto manejo de cauces naturales etc. Por otro lado, dado que no se construye infraestructura de servicios públicos, la disposición de las aguas residuales (negras) se realiza a cielo abierto sobre quebradas o canales naturales o artificiales, causando un impacto en el medio ambiente y generando problemas de salubridad en general.

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Y desde el punto de vista económico, el panorama no es mejor, si bien es cierto que la urbanización ilegal se constituye como solución de vivienda para la población de bajos recursos, en mi opinión es el punto de partida de una bola de nieve; pues en primer lugar su conformación se realiza por fuera del sistema económico, no genera empleos formales ni una mayor inversión de recursos, y en segundo lugar, las familias no pagan impuestos prediales, pues no son propietarios legítimos del terreno.

Lo que finalmente se traduce en la disminución del recaudo municipal, y en el gasto en que el municipio debe incurrir y disponer los recursos para construir los proyectos de la infraestructura vial, dotación y redes de servicios públicos, y la construcción y dotación del espacio público, que en una urbanización legal estarían a cargo del constructor.

En conclusión, para resolver uno de los problemas más básicos y apremiantes de nuestra sociedad, se debe disponer de un sistema integral que contemple y promueva las condiciones de acceso a vivienda legal y económica, control territorial urbano  para evitar la expansión de asentamientos informales a través de mafias dedicadas a su desarrollo y un trabajo mancomunado de entidades gubernamentales regionales y locales (ambientales y de ordenamiento), que permitan planear y ejecutar de forma ágil y oportuna  proyectos a gran escala que impulsen el desarrollo urbanístico ordenado y de calidad, de manera que se promueva al desarrollo de la sociedad, al mismo tiempo que se protege el medio ambiente.

Por Hugo Espinosa-Ing. Civil

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