La situación emocional de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, genera preocupación durante sus primeros días en la cárcel La Picaleña, en Ibagué. Su abogada, Wendy Herrera, aseguró que la empresaria no atraviesa un buen momento y que requiere acompañamiento médico.
Barrera fue trasladada al establecimiento penitenciario de Ibagué el pasado 7 de agosto, donde permanece privada de la libertad mientras cumple una condena de cinco años y tres meses. Según explicó su defensora en una entrevista con el programa La Red, uno de los principales factores que estaría afectando a la empresaria es la separación de su hija pequeña.
“No te puedo decir que está bien porque no lo está, porque la cárcel es la cárcel”, manifestó Herrera al referirse al estado actual de su representada.
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Abogada asegura que Epa Colombia enfrenta dificultades emocionales
De acuerdo con la defensora, Barrera le ha relatado diferentes situaciones que, según su versión, han tenido un impacto psicológico durante su permanencia en prisión.
Herrera afirmó que la empresaria habría experimentado episodios relacionados con ansiedad y sostuvo que su estado emocional requiere atención profesional.
“Daneidy requiere acompañamiento médico para poder superar este episodio”, señaló la abogada.
La defensora también aseguró que la imposibilidad de compartir con su hija ha sido uno de los aspectos que más ha afectado emocionalmente a Barrera durante estos primeros días en La Picaleña.
Según Herrera, su representada le habría contado situaciones que califica como una forma de “tortura psicológica”. Estas afirmaciones corresponden al relato de la empresaria y no constituyen, por sí mismas, una determinación oficial sobre las condiciones de reclusión.
¿Por qué Epa Colombia fue trasladada a La Picaleña?
Daneidy Barrera llegó a la cárcel La Picaleña el 7 de agosto, después de permanecer recluida en otro establecimiento. Sobre esta decisión, su abogada sostuvo que el traslado fue autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
“Me atrevo a decir por conocimiento y de manera responsable que el presidente no autorizó ese traslado. Ese traslado lo autorizó el Inpec”, afirmó Herrera.
La defensora también cuestionó la necesidad de que Barrera continúe privada de la libertad y sostuvo que, desde su perspectiva, no representa un peligro para la sociedad ni para TransMilenio, entidad afectada por los hechos por los que fue condenada.
Barrera permanece privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025 y cumple una pena de cinco años y tres meses por los hechos relacionados con los daños ocasionados a una estación de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019.
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Mientras Barrera permanece en La Picaleña, su equipo jurídico continúa adelantando acciones para buscar su libertad y alternativas relacionadas con la redención de pena.
Herrera señaló que a su defendida le habrían negado horas de trabajo que podrían ser contabilizadas para ese propósito. Por ello, la defensa busca conocer las razones de la decisión y determinar qué mecanismos jurídicos puede utilizar para que el caso sea revisado.
La abogada también sostuvo que Barrera asumió las consecuencias del delito por el que fue condenada y que posteriormente realizó acciones encaminadas a reparar el daño.
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