El Estatuto con el que el presidente Iván Duque aspira a regularizar la presencia de los venezolanos en el territorio nacional caló bien entre los alcaldes de los municipios fronterizos de Norte de Santander, aunque para algunos ese instrumento debe venir reforzado con inversión social.

Para el alcalde de Cúcuta, Jairo Tomas Yáñez Rodríguez, el estatuto de protección temporal para el migrante sin duda constituye una especial noticia, porque a su juicio le apuesta a poner orden a un problema que ya completa seis años.

Una frontera tan dinámica que mantiene unas condiciones de irregularidad genera todo tipo de problemas de los cuales la administración municipal manifiesta su total preocupación.

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Se aspira, dijo el gobernante de los cucuteños, a que el diálogo constructivo de la mano con la Gerencia de Fronteras de Presidencia de la República, la dirección nacional y municipal de Migración Colombia y, naturalmente, la Secretaria de Fronteras del departamento, y en general todas la autoridades, siempre esté abierto y dispuesto a aportar todos los elementos que permitan definir en forma precisa los procedimientos y controles para los cinco tipo de migrantes venezolanos que se cruzan en este territorio.

Yáñez relacionó que estos tipos corresponden a los que disponen del PEP (Permiso Especial de permanencia), 2. Los que tienen intención de permanencia, pero, no están regularizados con el PEP. 3. La población pendular. 4. La población que atravesando las trochas continúa su camino al interior del país, y 5. La población venezolana que solicita ayuda humanitaria y servicios asistenciales. 

“Estamos muy pendientes de la reglamentación del Estatuto, por todas las situaciones particulares que en esta zona de frontera se pueden presentar. Para la Alcaldía de Cúcuta, este estatuto traerá en forma positiva la posibilidad de que los migrantes residentes en el área metropolitana, que son alrededor de 100.000, puedan desempeñarse laboralmente, acudir ayuda asistencial en trabajos formales y tener su formalización institucional en todo sentido. 

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La edificación biométrica tanto tiempo esperada, sin duda, será el punto de partida de la estructuración y caracterización de bases de datos que permitirán el diseño de políticas públicas, con tendencia a apoyar las aspiraciones de todos los migrantes que tengan voluntad de permanencia y demuestren su residencia en Colombia con fecha antes del 31 de enero de 2021. 

Al mismo tiempo, este estatuto temporal y su propia reglamentación pendiente será la mejor herramienta para los controles de seguridad y la toma de medidas que evitarán su presencia irregular en el espacio público, como también nos permitirán la repatriación de personas que sin identidad son presas del consumo de drogas, prostitución, etc, y que se encuentran en condición de calle, y que en muchos casos generan e incrementa una crítica percepción de inseguridad en toda el área metropolitana. 

El alcalde de Pamplona, Humberto Pisciotti, por su parte, es de la posición de que el  Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (Etpv), para que sea efectivo y llene las expectativas, tiene que ir acompañado de un plan a largo plazo de inversión social por parte del Gobierno Nacional.

“Lo único que le pido al Presidente Iván Duque es que no nos deje solos y actúe en función a una verdadera y eficaz política pública nacional que le permita enfrentar la situación que se tiene con los migrante venezolanos”, afirmó.

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“Si no tenemos dinero para atender a los nuestros (pamploneses), muchos menos vamos a disponer para cubrir las necesidades de los extranjeros”, indicó.

A su turno, el alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, calificó como un gran paso dado por el Gobierno Nacional el querer regularizar la permanencia de migrantes.

“Será más fácil lograr una caracterización efectiva para saber cuántos son, cómo está conformando el núcleo familiar y así brindar beneficios a la población migrante. Para Ocaña es positivo porque lograremos identificar, atender de manera integral y corresponde a una gran herramienta para garantizar la seguridad ciudadana. 

La alcaldesa de Puerto Santander, María Virginia Torres, comparte también la posición de Pisciotti, en el sentido de que cualquier acción que se pretenda poner en macha para regularizar a los migrantes “debe, necesariamente, traer consigo inversión social”.

Dijo que a Puerto Santander ingresaban a diario, según Migración Colombia, 15.000 migrantes, y en su mayoría eran los que mantenían activa la economía del municipio, “pero completamos un año de una terrible crisis económica por el cierre del puente internacional La Unión, del cual pedimos al Gobierno Nacional su reapertura cuanto antes”, dijo Torres.

La regulación -dijo- es buena porque nos permitirá saber quiénes ingresan y a qué vienen.