Yanid Antonio Villa Arboleda, un ibaguereño de 39 años, es, junto a su familia, la prueba de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, violó la convención sobre el estatuto de los refugiados, adoptado en Ginebra (Suiza) en 1951.  

Desplazado por la guerrilla de Ituango (Antioquia), en el 2003, Yanid, junto a su esposa y dos hijos de 4 y 2 años, llegó a San Antonio del Táchira (Venezuela) en busca de una nueva oportunidad para rehacer su vida.

“Salí desplazado de Ituango, adonde había llegado a vivir desde los doce años. Allá me mataron a mi papá, con quien vivía, pues a mi mamá nunca la conocí”.

En San Antonio, el gobierno venezolano los acogió. La Policía, el primer día que llegaron, les regaló dinero para pagar un hotel. Antonio, casi de inmediato, empezó a trabajar en un estacionamiento.

En San Cristóbal introdujo su solicitud de refugio en la Sala Técnica, con el acompañamiento de Acnur y Cáritas. En el 2010, él y su familia lograron ser reconocidos como refugiados.

“Al obtener mis documentos como refugiado conseguí un lote en el sector de Mi Pequeña Barinas, al que las autoridades venezolanas llaman ‘La Invasión’. De este barrio hice parte del consejo comunal”.

Allí, Antonio levantó su casa mientras trabajaba como vendedor ambulante, albañil, ayudante de bus, mototaxista y, en los últimos meses, ‘todero’ en una bodega durante el día, y en las noches empleado en un negocio de comidas rápidas.

De a poco, la vida se había encaminado nuevamente para este ibaguereño y su familia. Sin embargo, el pasado 19 de agosto, cuando por orden del presidente Nicolás Maduro se cerró la frontera, su suerte cambió por completo.

“Cuando cerraron la frontera, todo el mundo sabía que iba a presentarse un operativo porque, no puedo negarlo, en ese barrio había algunas zonas que servían para el contrabando, como punto de almacenamiento de mercancías o como zona de tránsito de productos hacia Colombia”.

Con lo que no contaba Antonio y la gran mayoría de sus vecinos, es que se fuera a dar un operativo militar de tal magnitud en la zona.

Según cuenta, el jueves 20 llegaron los militares venezolanos como si fueran para una guerra. Empezaron los allanamientos por el sector de Los Módulos. Les gritaban y los acusaban de paramilitares, todo porque el gobernador del estado Táchira, Vielma Mora, dijo que ese barrio era un nido de ratas y de ‘paracos’.

“Lo que olvida él (Vielma) es que yo tengo unas fotos donde sale comiendo sancocho con nosotros hace unos meses, ahí en el barrio en el que ahora se supone que solo vivían paramilitares. Ese día fue con un montón de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana a inaugurar unos módulos, que son obras sociales del gobierno venezolano. ¿Por qué no nos allanó las casas ese día? ¿Por qué si éramos unos delincuentes, nos vinculaban a los programas gubernamentales? ¿A qué vino a sentarse con un montón de delincuentes como nos dice ahora?”.

Ese día, el 20 de agosto, la esposa de Antonio fue retenida junto a sus hijos. A los militares venezolanos pareció no importarles que ella fuera una refugiada reconocida por el gobierno de ese país.

“Un guardia, cuando fui a buscarla adonde la tenían retenida, me dijo que los papeles de refugio no servían para nada, porque por el solo hecho de ser colombiana ‘iba para fuera’. Otro que estaba ahí, agarró el documento que certifica que somos refugiados y dijo ‘ustedes con esto, no son nada; ahora mismo, este papel, no sirve para nada’”.

Según Antonio, sus hijos fueron humillados junto a su esposa. Los retuvieron en un patio, a pleno sol, sin agua y sin comida. Junto a ellos había más niños, mujeres, ancianos y hasta personas discapacitadas, que fueron tratadas sin ningún tipo de consideración, ‘como si fueran una basura’.

“Estando en eso, me llegó el dato de que ya estaban llegando a requisar mi casa. Fui y les abrí para que no me dañaran las puertas. Les dije, entren, esculquen todo lo que quieran que aquí no hay nada ilegal. No me golpearon ni me dañaron las cosas porque a mi casa, por ser refugiado, llegaron unos funcionarios de Acnur a supervisar el operativo”.

Sin embargo, la presencia de Acnur en su casa fue el detonante para la ira de los militares venezolanos.

“Cuando los de Acnur se fueron, los militares me dijeron ‘usted por qué es así, por qué trae a esa gente (Acnur) para acá’. Volví y les dije, ellos están aquí porque mi familia y yo somos refugiados, pero eso los molestó y me decían ‘si cree que porque ellos están aquí encima de nosotros, no lo vamos a sacar, pierde su tiempo’”.

Al otro día, el viernes 21 de agosto, los militares volvieron a su casa. Antonio había salido a comprar un tinto y de regreso, se los encontró otra vez ahí.

“Me dio mucho miedo. Habían vuelto para marcar mi casa con la ‘D’, que significa ‘demoler’. Otro guardia que estaba ahí, que me conocía desde que yo trabajaba en el parqueadero porque él guardaba su carro ahí, le dijo al que la estaba marcando, póngale la ‘R’ (casa revisada), vea que la casa es de material. Pero el que tenía el aerosol le dijo ‘no, la de él, por ser colombiano, tiene que marcarse con la ‘D’”.

Cuando los militares se fueron, Antonio entró a su casa y la halló completamente desordenada, con las cosas botadas en el suelo. Empezó a recogerlas y se dio cuenta de que le hacían falta unos celulares, dinero en efectivo, un computador portátil, un Play Station y hasta una loción suya.

“Vinieron fue a robarme”.

Frustrado, triste, con rabia, y obligado a salir de Venezuela, tomó lo que pudo y, ante la amenaza servida de los militares que le dijeron que ‘por allá no volviera’, cruzó el río hasta el corregimiento de La Parada en Villa del Rosario.

“No me queda más que tratar de salir adelante otra vez por acá (Cúcuta). Ya me levanté una vez, soy capaz de volverlo a hacer”.

ONU pidió respetar derechos de refugiados

Esta semana, la portavoz de Acnur, Melissa Fleming, dijo que les preocupaba la deportación desde Venezuela de quienes tienen el estatus de refugiados y señaló que han logrado negociar con el gobierno de ese país para que algunos de ellos no sean deportados.

“Tenemos presencia en la zona y estamos vigilantes de la situación”, dijo.

Por su parte, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Ravina Shamdasani, indicó que “estamos preocupados por las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el contexto de las deportaciones de los colombianos”, y agregó que “se debe garantizar que los derechos de todos los individuos afectados sean respetados particularmente en el contexto de las deportaciones”.