Que la violencia en Cúcuta y su área metropolitana no es un tema coyuntural sino un asunto sistemático, que tiene una estrecha relación con las dinámicas territoriales, criminales e ilegales que se dan en la zona rural y en la frontera con Venezuela, fue una de las conclusiones del primer Diálogo de Frontera, un espacio convocado por La Opinión, Border Lab, El Espectador y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), para analizar la situación de seguridad de la ciudad. 

Ante la pregunta de si existe o no una crisis de seguridad en Cúcuta, María Fernanda Fuentes, cofundadora de Border Lab y consultora para la garantía de la labor de defensa de los Derechos Humanos, aseguró que si bien la violencia en la ciudad es sistemática, esta ha crecido en los últimos años debido al cierre de la frontera, al reacomodamiento de los grupos armados y a la llegada de nuevos actores. 

“La frontera es clave para la ilegalidad de todo tipo, en especial el narcotráfico y esta dinámica es parte de una cadena integrada necesariamente por Colombia y Venezuela; y justamente esa violencia desbordó el problema de la ilegalidad y se volvió un asunto social profundo”, aseguró. 

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Respecto al homicidio en julio de la lideresa ambiental Gertrudis Hernández, María Fernanda Fuentes indicó que “este asesinato recuerda los problemas ambientales de la zona rural de Cúcuta, los cuales se han convertido en una de las causas de amenaza de los líderes sociales de la zona. Los procedimientos de extracción minera y las carreteras construidas ilegalmente afectan el agua de Palmarito y Banco de Arena. La actividad minera sin control vulnera los derechos de los habitantes y la labor de los líderes y defensores de DD.HH.”.

El director de la Fundación Pares, León Valencia, agregó que su organización lleva más de 15 años estudiando la situación de Cúcuta y de la frontera con Venezuela y que este es el momento más difícil que ha tenido la región por cuenta de la situación de anarquía que se vive por la ausencia de relaciones diplomáticas y por la nula coordinación entre las autoridades de los dos países. 

“Tenemos 4 investigadores a lo largo de la frontera y los últimos estudios nos indican que existen 28 grupos armados ilegales en la frontera, 13 de ellos transnacionales, y a esto se suma la casi nula presencia de los dos estados. Es un territorio sin Dios ni Ley, tomado por los ilegales”, advirtió. 

Según Valencia, esta es una zona estratégica que ha sido ocupada por los grupos armados históricamente: primero la guerrilla y luego los paramilitares. También asegura que las mafias y el paramilitarismo se tomaron las instituciones en Norte de Santander, lo que incide mucho en el dolor de la frontera. 

Percepción y seguridad 

Según los datos de la encuesta ‘Mi Voz, Mi Ciudad’, del programa ‘Cúcuta Cómo Vamos’, casi el 80% de los cucuteños se siente inseguro, ubicando a la capital nortesantandereana como la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país, de las 14 encuestadas. 

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Mario Zambrano, director del programa, explicó que la sensación de inseguridad tiene que ver -por una parte- con la situación social y económica compleja, relacionadas específicamente con el desempleo del 20% y la informalidad del 70% y, por otro lado, con un débil capital social reflejado en una pérdida de confianza de las instituciones que imparten seguridad. 

Según los datos de la medición, cinco de cada diez encuestados han sido víctimas de un delito. 

En lo que se refiere a homicidios, Zambrano citó un estudio del BID de 2020, en el que se hizo una relación entre las medidas de restricción durante la pandemia y la disminución de delitos como el homicidio. Sin embargo, en Cúcuta y su área metropolitana los asesinatos aumentaron el año pasado aun existiendo medidas de restricción y distanciamiento social. 

“Marzo, julio y diciembre fueron los meses más violentos y cuando hacemos una georreferenciación del homicidio, encontramos que en Cúcuta 2 de cada 10 asesinatos se cometieron en la Comuna 6”, precisó. 

Comunas 6 y 7, las de mayor riesgo 

En el diálogo también quedó claro que no son nuevas las alianzas entre las organizaciones armadas, las bandas delincuenciales y los grupos de seguridad privada para obtener las rentas del microtráfico, el sicariato, el tráfico de armas y de personas y las extorsiones en las comunas de la ciudad. 

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Según el último boletín de seguridad publicado por Border Lab, la Comuna 6 lidera las estadísticas en homicidio y delitos sexuales, mientras que en la Comuna 7 la medición encontró que es allí donde ocurren más casos de lesiones personales, hurto a residencias y violencia intrafamiliar. 

En la zona rural y en municipios del área metropolitana como Villa del Rosario y Puerto Santander, se identificó que Los Rastrojos mantuvieron hasta 2018 un dominio importante. Sin embargo, en 2019 el Eln anunció la retoma de Puerto Santander y de la zona rural de Cúcuta. 

En ese momento inició una ofensiva conjunta entre el Eln y las Fuerzas Armadas Bolivarianas contra Los Rastrojos, que tenían presencia en algunas áreas de la frontera venezolana, en Cúcuta y Puerto Santander, manteniendo una hegemonía, lo que ha contribuido al desarrollo de una dinámica conflictiva bastante compleja. En 2020, el 17% de los homicidios se cometieron en la zona rural de Cúcuta. 

A la fecha, el Eln, a través de acuerdos con otras estructuras, mantiene por ahora la mayor influencia en este corredor fronterizo de 143 kilómetros.

Se plantea una gobernanza metropolitana

Al analizar los planes y acciones que se han implementado en la ciudad para mejorar los indicadores de seguridad, el director de ‘Cúcuta Cómo Vamos’, Mario Zambrano, habló de la necesidad de tener un Plan Integral de Seguridad y Convivencia (PISC) metropolitano, que integre las necesidades y visiones de los municipios del área en una especie de gobernanza metropolitana, que permita la articulación de todos los actores. 

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“Actualmente, cada municipio elabora un plan por separado, como si los problemas metropolitanos fueran segmentados, cuando realmente las dinámicas son interdependientes y complejas con la zona de frontera y con el Catatumbo y por eso es clave pensar en una mirada metropolitana y transfronteriza”, aseguró Zambrano. 

Agregó que en el PISC de Cúcuta se encuentra un gran diagnóstico y unas estrategias importantes, “pero creo que no se le ha venido haciendo mucho seguimiento y hay problemas en la implementación. El manejo de la información y los datos para tomar decisiones con evidencias, que están contempladas también en este plan, pero este manejo transparente y el seguimiento se ha perdido un poco desde la misma Secretaría de Seguridad, esto nos impide definir si las estrategias están siendo efectivas”, concluyó.  

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