A través de las redes sociales se conoció que un alcalde opositor del estado Táchira,  Yonnhy Liscano, quien es mandatario del municipio Ayacucho que limita con Cúcuta, fue detenido presuntamente por las fuerzas policiales del régimen de Venezuela.

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Los distintos medios regionales y nacionales del vecino país señalaron que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el cual es considerado como un mecanismo que comete crímenes de lesa humanidad según la ONU, detuvo en horas de la madrugada de este 20 junio al alcalde opositor.

“En horas de la madrugada nos enteramos que un alcalde del estado Táchira había sido detenido por funcionarios del Gobierno Nacional. Alguna información que tenemos es que fue el Sebin. Hasta los momentos no hemos tenido información ni de parte del Ministerio Público ni de ningún organismo en donde confirmen la detención”, dijo a La Opinión el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Gustavo Rangel.

En ese sentido, no hay una orden de aprehensión que haya sido difundida por las autoridades competentes venezolanas. Esto viola el debido proceso establecido en la Constitución de Venezuela, la cual establece en su artículo 49 las formas como debe proceder el Estado ante una detención.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las desapariciones forzadas son personas que desaparecen, literalmente, de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) las detienen por la calle o en su casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentra.

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Esta es una práctica habitual en el Gobierno venezolano, toda vez que las autoridades competentes informan de su detención días después sin permitirle a sus familiares o defensa conocer su paradero. Las más recientes detenciones datan de los defensores de derechos humanos y dirigentes políticos del partido que lidera la líder opositora, María Corina Machado.

Hay que decir, que recientemente el alcalde Yonnhy Liscano se sumó a la lista de alcaldes que apoyan la candidatura del representante de los opositores, Edmundo González.

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Sobre esto, el diputado Gustavo Rangel catalogó como “suspicaz” el hecho de que lo detengan luego de que se sumara a quienes apoyan a Edmundo.

“causa mucha suspicacia que no solamente en estado Táchira sino que en otros estados hay alcaldes que salieron inhabilitados y casualmente el común de esta de estos alcaldes es que han manifestado su apoyo hacia una candidatura”, opinó.

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