Luego de meses de acercamientos y conversaciones, este domingo 8 de octubre se instala formalmente la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP.

La instalación de la mesa se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Tibú, municipio ubicado en la región del Catatumbo (Norte de Santander) desde las 8:30 de la mañana de este domingo y contará con la presencia no solo de ambas delegaciones, sino del representante en Colombia del Secretario General de la ONU, la MAPP-OEA, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias.

También fueron invitados representantes de varios países que han participado como testigos durante la etapa de preparación.

Y lo cierto es que el país está ante el surgimiento de un proceso de paz importante desde cualquier mirada. Basta recordar que desde sus inicios –la primera vez que firmó un comunicado bajo el nombre del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP fue en 2019, en respuesta a la aparición de la Segunda Marquetalia–, este grupo armado ha criticado que algunos temas quedaran por fuera de los acuerdos de La Habana, así que en esta oportunidad se quiere que la agenda sea más amplia.

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También se habla de un cese al fuego bilateral temporal de carácter nacional y territorial (CFBTCNT). El término no es nuevo para tal grupo, pues de hecho este propuso cesar sus acciones ofensivas para la época de elecciones presidenciales de 2022. En esta oportunidad también surge con la intención de garantizar que los comicios del 29 de octubre avancen con tranquilidad, pero lo que llama la atención es que se plantea una duración de diez meses, algo inédito en la historia del país.

Un pedido común: el inicio del cese al fuego

Mucho se ha especulado frente a este cese al fuego. Sobre todo, porque faltando poco para la instalación de la mesa los combates entre el Ejército y las disidencias continúan, resultando en la muerte de varios de sus miembros.

Luego de los enfrentamientos en Argelia (Cauca), que fueron noticia nacional, las disidencias le enviaron un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que aseguraron que “repetir fórmulas como la clásica de llevarnos derrotados a la mesa no funcionará con esta generación de las FARC-EP”.

De manera unilateral anunciaron también la disolución del grupo de contingencia pactado con el Gobierno Nacional, cuya función era resolver las dificultades que se presentaran previas a el cese al fuego. Según ellos, porque “las acciones ofensivas contra las FARC-EP se mantienen en todo el territorio” y el “gesto de paz se vuelve cada vez más insostenible”.

Frente a este escenario, el docente de la Universidad Nacional y experto en temas de paz, Carlos Medina, asegura que “el Estado no puede dejar de hacer presencia en los territorios –en este caso Cauca– y únicamente bajo condiciones específicas como un cese al fuego podría modificarse su comportamiento, pero mientras no avancen los procesos y se consoliden acuerdos, el Estado debe seguir haciendo presencia”.

De ahí surge la premura para que se publique el decreto. El expresidente Ernesto Samper, por ejemplo, señaló en sus redes sociales que dilatarlo “es mantener abiertas las puertas para que el conflicto siga cobrando víctimas inocentes de acciones inhumanitarias en las zonas de guerra”. Sin embargo, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) se dice que este será público el mismo 8 de octubre y recogerá lo concertado por las partes.

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Entre tanto, y de acuerdo con la opinión del académico, “lo más importante es que el Estado permanezca en el cumplimiento de su misión de orden constitucional, que es garantizar la orden de los territorios. Independientemente de cómo vaya avanzando el proceso”.

Hay voluntad de paz, a pesar de las discordias 

A raíz de estos enfrentamientos, en las últimas semanas ha habido dudas frente a la voluntad de paz y de seguir en el proceso.

Este viernes las Fuerzas Militares informaron que en uno de sus operativos había sido abatido alias ‘Gato’, líder de una estructura de las FARC-EP, a quien se le señaló de ser el presunto responsable de la masacre de cuatro menores indígenas en Putumayo, reclutados por las filas de este grupo armado y quienes luego de huir fueron asesinados por integrantes de la Carolina Ramírez.

No obstante, las disidencias aseguraron que al hombre lo capturaron y luego lo asesinaron frente a una comunidad indígena, por lo que tacharon como cobardes a los militares.

“¿En serio es el plomo como se llega al diálogo, señor Petro? ¿Es sensato seguir vendiendo la idea de que la guerra es contra el narcotráfico? ¿Cómo se puede abrir una mesa de diálogo cuando el gobierno nos sigue calificando como narcotraficantes?”, fueron algunos de los cuestionamientos que lanzó Iván Losada o Iván Mordisco, como también se le conoce al máximo comandante de las FARC-EP, en un comunicado.

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Así que lo invitó a ser coherente con su discurso y delegó en él y en el Ministro de Defensa la responsabilidad de que los diálogos avancen.

“Estamos preparados para abordar con altura diálogos profundos con usted y sus delegados o enfrentarnos en los campos de batalla hasta que sea la presión de la guerra y los muertos los que nos vuelvan a acercar, usted decide”, fue el aviso.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado sigue viendo como “muy positivas” las declaraciones de Iván Mordisco, en el sentido de que reiteran la decisión de mantener un cese de acciones ofensivas en medio de las tensiones que se viven en los distintos territorios.

La razón de ser de las mesas  

Otra característica de este proceso es que avanzará con mesas itinerantes; es decir, los diálogos se trasladarán de un territorio a otro.

Según adelantó el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, en una entrevista a BluRadio, “la idea es estar cerca de las comunidades que están siendo afectadas”. De ahí que inicien en el Catatumbo.

“La Delegación de la Mesa de Diálogos de nuestro gobierno ratifica el indeclinable propósito de avanzar en acuerdos que permitan beneficiar a las comunidades y alcanzar el anhelado bien de la Paz para todos los colombianos con justicia social y ambiental”, añade la OACP, que ha coordinado la participación de autoridades locales y departamentales en este acto, en un comunicado.

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