En respuesta a los actos criminales recientes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la región del Catatumbo, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, anunció este miércoles la revocación de los beneficios de suspensión de órdenes de captura otorgados a 31 representantes del grupo armado. Esta decisión se da en el marco de las denuncias que evidencian una contradicción entre su participación en los diálogos de paz y la escalada de violencia en el territorio.

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Desde el pasado 16 de enero, la región vive una tragedia humanitaria derivada de una serie de actos violentos, reconocidos por el propio Eln a través de la red social "X" mediante declaraciones de su jefe máximo, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias "Antonio García". Estas acciones, confirmadas también por el cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, Gregorio Manuel Pérez Martínez, en comunicados emitidos entre el 17 y el 19 de enero, incluyen graves violaciones a los derechos humanos y delitos que ponen en riesgo la vida de la población civil, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.

“El incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y, en especial, la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del Eln, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas en su momento por solicitud del Presidente de la República”, señala la Resolución No. 00015 de 2025 emitida por la Fiscalía General.

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La medida, basada en la sentencia C-525 de la Corte Constitucional, también incluye la derogación de resoluciones anteriores que avalaron la suspensión de estas órdenes.

Entre los afectados por la decisión se encuentran reconocidos líderes del Eln, como Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Antonio García”, Aureliano Carbonell y Bernardo Téllez, entre otros. A partir de hoy, las autoridades judiciales y policiales estarán facultadas para proceder con la ejecución de estas órdenes.

La decisión de la Fiscalía ha sido comunicada a la Presidencia de la República, al comisionado para la Paz y a las autoridades judiciales correspondientes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la medida en el marco de sus competencias. Asimismo, se reafirma el compromiso del ente investigador con la justicia y la defensa de los derechos de las víctimas en medio del complejo panorama de violencia que enfrenta el país.

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