Redacción: Donna Cabrera
La situación que se vive en Venezuela ha implicado que un gran número de personas de este país, 6.038.937 según la información con corte a noviembre 2021 de la plataforma R4V, se dirijan a otras naciones buscando mejorar su calidad de vida accediendo a los servicios de salud, educación, empleo y seguridad social que los cobije a ellos y a sus familias en Venezuela. Colombia, que cuenta con más de 1.800.000 de personas, sigue trabajando en consolidar medidas que garanticen el acceso a derechos básicos de las poblaciones migrantes y refugiadas que desde Venezuela ingresan al país. Una de estas es la expedición del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Procedentes de Venezuela (ETPV), una estrategia de regularización abierta a personas que cuenten con los permisos temporales PEP, para aquellos en condición migratoria irregular y para quienes ingresen de manera regular al territorio durante dos años, luego de la expedición del Estatuto.
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Este proceso de regularización abre varias oportunidades para la población procedente de Venezuela, en particular en términos de empleo y generación de ingresos, el tercer tema más prioritario para la población según la evaluación de necesidades del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios GIFFM en Colombia, realizada en junio de 2021. El tema de integración también es el que reúne más solicitudes de fondos a donantes en el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMPR 2022) por sus siglas en inglés. Y las autoridades colombianas también ven en los procesos de integración socioeconómica, que incluyen la empleabilidad y la inclusión financiera, la oportunidad de materializar los vínculos entre la migración y el desarrollo, trascendiendo el interés que en un primer momento se centró sobre aspectos de atención humanitaria.
Desde el año 2019 se han analizado las dinámicas laborales de los migrantes y se identificaron varias de las barreras con las que se encuentra dicha población en el país para acceder a oportunidades laborales y de inclusión financiera. Algunas de las publicaciones en la materia incluyen la realizadas por Fupad y que analiza las posibilidades de vinculación a empleo de migrantes, el trabajo realizado por OIT, BID y el Servicio Público de Empleo (SPE) que identifica barreras de acceso y promueve medidas de mitigación, y el realizado por Cuso International que se centra en las dinámicas laborales de las mujeres migrantes en el país. Junto con la identificación de las necesidades, estos estudios brindan recomendaciones de índole práctica y normativa para garantizar la superación de las barreras y facilitar la integración socioeconómica que beneficia a comunidades de acogida y migrantes.
Los estudios mencionados coinciden en que la situación migratoria irregular de los migrantes es la barrera más importante de acceso con la que cuenta esta población. La falta de documentos de identidad y habilitantes para trabajar reconocidos por todas las entidades públicas y privadas en Colombia, impide que los empleadores realicen procesos de vinculación mientras que las entidades bancarias no pueden verificar la identidad de las personas y facilitar el acceso a su portafolio de servicios. Este hecho implica que los migrantes, aunque cuenten con las competencias y conocimientos para realizar un trabajo, no lo puedan hacer y que no puedan usar el sistema financiero para ahorrar o para buscar un crédito. El ETPV y el Permiso de Permanencia Temporal – PPT que se está expidiendo, busca superar esta situación y fomenta que trabajadores migrantes calificados puedan emplearse en posiciones que los requieran, construye confianza entre empleadores que quieran vincularlos y abre las puertas de verificación de identidad de usuarios que surte el sector financiero.
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La falta de información sobre los pasos que hay que seguir para acceder a empleo y al sistema financiero, es otra de las barreras identificadas tanto por el estudio de Fupad y el de la OIT, BID y SPE. Frente a este hecho se siguen promoviendo iniciativas desde el Gobierno de Colombia, a través del SPE y Ministerio del Trabajo, con labores de sensibilización entre empleadores y trabajadores migrantes sobre el acceso a empleos formales a través de diferentes herramientas. Es así como actualmente se cuenta con una Guía realizada por entidades públicas, agencias de la cooperación, y el sector privado que orienta a los buscadores de empleo sobre el acceso al mercado laboral en Colombia. También se cuenta con un documento realizado por agencias de cooperación y entidades públicas que brinda información a los empleadores sobre los pasos a seguir en la contratación de población migrante en el país. La existencia de estos materiales puede establecerse como la base para realizar procesos de difusión entre población migrante y de acogida, y entre pequeños, medianos y grandes empleadores en el país, mientras se realiza la adaptación de estos materiales a los diferentes contextos regionales. Otra estrategia incluye la difusión de estos recursos entre población en Venezuela que esté considerando la opción de migrar hacia Colombia para que a su llegada al país cuente con una mejor información sobre el proceso para acceder a un empleo.
En materia de inclusión financiera, las entidades públicas y la cooperación internacional han realizado actividades de sensibilización con actores de este sector y algunos actores del sector como Banca de las Oportunidades o Bancamía realizaron acciones de vinculación de población migrante. Otra actividad reciente se expresa en la construcción y lanzamiento de una Guía de Inclusión Financiera para migrantes realizada por agencias de la cooperación y Asobancaria que explica los servicios financieros en Colombia y la manera de acceder a ellos. Este documento, la existencia del PPT y otras regulaciones, la identificación de estrategias que se han desarrollado para la vinculación de migrantes con el sector, sirven como puntos de partida para continuar en la difusión de información y para focalizar iniciativas de acceso al sector financiero mucho más adecuadas a las necesidades y contexto de la población migrante.
En la generación de respuestas adecuadas a las características de las poblaciones migrantes, es fundamental la promoción de un enfoque de género, ya que las mujeres experimentan barreras adicionales que tienen un rol en su posibilidad de emplearse o de mejorar su perfil de empleabilidad. Las mujeres migrantes deben lidiar con la falta de redes de apoyo, encontrar un balance entre trabajo y responsabilidades familiares y enfrentar la discriminación por género en espacios laborales. Para esto existen iniciativas que vinculan el trabajo de líderesas colombianas y migrantes en relación a la identificación y disminución de violencias basadas en género como lo que hace ONU Mujeres, las acciones de empoderamiento y apoyo a emprendimiento a mujeres migrantes que hace Poder Sororo en Cali y la plataforma para conformación de redes y prevención de violencia basada en género que hace Cosas de Mujeres y el colectivo Ladysmith. A partir de estas iniciativas se pueden desarrollar estrategias que fortalezcan las redes de apoyo, que difundan información sobre acceso al sistema financiero y que sirvan para consultar o denunciar sobre posibles abusos laborales y problemas de acceso a empleo que existen para las mujeres migrantes en el país.
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Sin duda alguna se han avanzado en pasos importantes en Colombia para garantizar la inclusión laboral y financiera de la población migrante, lo cual ha partido de la identificación de necesidades, la creación de alianzas entre el Gobierno de Colombia, el sector privado, la cooperación internacional, la sociedad civil y las organizaciones de migrantes. Es fundamental seguir promoviendo y difundiendo los resultados de estas iniciativas mientras se garantiza la adecuación de procesos y prácticas sociales que redunden en la integración de la población migrantes. Antes de ser migrantes internacionales, hablamos de trabajadores con experiencia, conocimiento, habilidades y deseos de contribuir en la construcción de una mejor sociedad. Seguir haciendo eco a las iniciativas que se trazan en este camino contribuye al intercambio de buenas prácticas y a la ideación de mejores iniciativas que reduzcan las barreras de acceso con las que se encuentran actualmente los migrantes en el país.
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