El gobierno interino de Venezuela, a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo, notificó a las aerolíneas y navieras extranjeras que operan en el país que, a partir de finales de mayo de 2026, los pagos por suministro de combustible de aviación (Jet A1) y marítimo deberán realizarse directamente en cuentas custodiadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según una circular fechada el 28 de mayo de 2026, a la que han tenido acceso varias empresas del sector, los depósitos ya no se efectuarán en cuentas controladas por Pdvsa, sino en una cuenta de custodia del Tesoro estadounidense. Las compañías deben enviar los comprobantes de pago a la estatal petrolera venezolana para garantizar la continuidad del suministro en los aeropuertos y puertos venezolanos.
Esta medida forma parte de un esquema supervisado por Washington que busca controlar los ingresos generados por la venta de hidrocarburos venezolanos. Funcionarios estadounidenses, en el marco de la administración Trump y con el involucramiento del secretario de Estado Marco Rubio, han impulsado mecanismos para que los fondos derivados del petróleo y sus derivados no queden bajo control directo del gobierno de Nicolás Maduro, en medio de las sanciones vigentes y las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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La decisión afecta a todas las aerolíneas internacionales que repostan en Venezuela, tanto en Maiquetía como en otros aeropuertos del país. Fuentes del sector aeronáutico consultadas indicaron que la medida busca dar mayor transparencia y cumplimiento a las regulaciones estadounidenses, aunque genera incertidumbre operativa entre las líneas aéreas.
Hasta el momento, ni Pdvsa ni el Ministerio de Hidrocarburos han emitido comunicados públicos detallados. Expertos en sanciones internacionales señalan que este tipo de arreglos de “custodia” se han utilizado previamente en otros contextos para permitir flujos comerciales limitados mientras se evita que los recursos beneficien directamente a entidades sancionadas.
La medida se produce en un momento de relativa flexibilización de sanciones al sector petrolero venezolano, pero bajo estrictas condiciones de monitoreo por parte de EE.UU.
Analistas indican que podría facilitar operaciones de aerolíneas extranjeras en Venezuela, siempre que se cumplan los protocolos de pago establecidos.
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