A pocos días del plebiscito (próximo 4 de septiembre) sobre una nueva Constitución en Chile, las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales.

Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción “rechazo” al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre, con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del “apruebo” de entre 4 y 12 puntos, en un plebiscito que tiene lugar tres años después de que estallaran las mayores protestas sociales en décadas en el país.

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Pero las encuestas muestran también un amplio porcentaje de indecisos (del 10 al 15%), y en las calles hay una marcada movilización ciudadana en favor del “apruebo” al texto escrito por una Convención Constituyente elegida por votación popular, con paridad de género y escaños reservados a indígenas.

“Yo voto rechazo principalmente porque la idea de gestar (la nueva nueva Constitución) nació en un momento de mucha crisis en nuestro país; no fue una decisión tomada con objetividad”, dice Luz Galarce, educadora de párvulos.

“Creo que con la forma en que la gente se manifestó mostramos el lado mas oscuro de los chilenos: destruir por destruir”, agrega esta mujer de 53 años residente en el centro de Santiago, epicentro de las protestas de 2019 que llevaron al acuerdo político que abrió la vía a un posible cambio constitucional.

Pero Esteban Córdoba, un artista visual de 40 años, está a favor del nuevo texto, que a su juicio “abre una ventana, todavía no una puerta, para que nos convirtamos en una nación desarrollada”.

“Toda Constitución debe renovarse cuando hay una necesidad de transformación en un país”, afirma.

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Voto obligatorio

“El evento más probable es que gane el rechazo y la diferencia de ese resultado depende de cuánta gente vota y de quiénes votan”, explica a la AFP Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago.

Más de 15 millones de chilenos están habilitados a ir a las urnas el próximo domingo, en la primera convocatoria desde 2012 en que el voto será obligatorio y con pena de multa de no concurrir.

Según el académico, el avance del “rechazo” al nuevo texto constitucional se debe fundamentalmente a “problemas en ciertos contenidos” sobre la organización del Estado, y no tanto por el catálogo de derechos que establece, “en el que hay coincidencia de que hay un salto adelante”.

La nueva Constitución busca modificar el actual Estado reducido, que prioriza la inversión privada, por un Estado de bienestar, con una batería más amplia de derechos fundamentales.

Entre las propuestas más polémicas están la “plurinacionalidad”, o reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios; la instauración de un Consejo de la Justicia en vez del Poder Judicial, con una justicia especial indígena; y el derecho al aborto.

Campaña “novedosa”

Analistas explican la ventaja del “rechazo” por múltiples factores, entre ellos la fase de desaceleración de la economía y un ambiente político muy crispado, y una exitosa campaña de quienes se oponen a la nueva Carta Magna.

“Han hecho una campaña novedosa en comparación con otras campañas de la derecha si consideramos que el rechazo es básicamente la defensa del statu quo y mantener la Constitución” de Pinochet, dice Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.

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A su juicio, el mensaje fue dirigido al votante de centro, buscando “sembrar incertidumbre y temor respecto a la propuesta constitucional”, más que en explicar su contenido.

Para Rodrigo Espinoza, académico de la Universidad Diego Portales, si la nueva Constitución se aprueba en Chle, “va a marcar las pautas del constitucionalismo a nivel global al menos en Occidente”.

“Hay varios expertos y personalidades del mundo político que están mirando el proceso constituyente chileno no necesariamente con temor a lo que pueda pasar acá sino que también ver cómo se van a enfrentar temas fundamentales en la crisis climática y la crisis energética”, señala.

El acuerdo político para la redacción de una nueva Constitución establece que en caso de rechazo del texto, seguirá rigiendo la Carta Magna actual, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), pero reformada decenas de veces tras el retorno a la democracia.

Aunque fue modificada varias veces, el actual texto constitucional suma varias críticas: no solo se le cuestiona por ser “herencia de Pinochet”, sino también porque, dicen, consolida un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente fue uno de los motivos de las masivas protestas.

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