El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, suscribió un convenio con los líderes sociales encaminado a respetar las sentencias de las reservas campesinas y resguardos indígenas en la zona del Catatumbo.

El funcionario del alto gobierno asumió el compromiso para aplicar las disposiciones y lograr definir el reordenamiento territorial.
 
Los voceros comunales resaltaron los acuerdos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.
 
Asegura que el acuerdo implica un plan de choque asociado a todas las pretensiones del pueblo barí a organizar un plan de trabajo para iniciar esa ejecución.
 
Reconoce el atraso de la sentencia de hace más de 7 años y promete la realización de una mesa de trabajo intercultural para avanzar en los modelos de ordenamiento campesino en la zona.

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Otro componente está relacionado al tema de dotación y formalización de tierras donde se asumen compromisos importantes para mejorar la calidad de vida de los habitantes, incluyendo la posibilidad de la adquisición de unas tierras dentro y fuera del Catatumbo, en función potenciar y fortalecer los procesos productivos.
 

Acelerar los procesos 

Fue categórico al censurar la lentitud en los trámites porque jamás se había dispuesto de los recursos para avanzar en la implementación de la sentencia, lo que limita la ejecución de los planes.
 
“Contamos con 2 mil 400 millones de pesos para iniciar con 70 personas en el Catatumbo a través de la identificación puntual de los componentes para habilitar y destrabar el sin número de procesos represados en el Catatumbo”, agregó el funcionario de visita en la región.
 
En busca de un verdadero reordenamiento territorial la Agencia Nacional de Tierras asumió el compromiso de enviar entre 80 y 120 funcionarios a la región, organizando el territorio, aprovechando las disposiciones del cese al fuego y las condiciones para que el territorio avance sustancialmente en esos procesos, recalcó.
 
“Esto hace parte de la implementación de todos los procesos de paz, así que en ese sentido deba existir la voluntad de reafirmar el compromiso de atender a los moradores del Catatumbo y avanzar en el marco de la consolidación de los derechos”, reiteró.

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Aseguró que los temas de formalización, adquisición, dotación de tierras y resolución de la situación al pueblo barí, en el limbo durante muchos años, apunta una verdadera reforma agraria integral.

Movimientos sociales, a la vanguardia

El representante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, Juan Carlos Quintero, participó en el consenso de voluntades entre los movimientos sociales, la institucionalidad para generar el progreso y desarrollo de la región.
 
“La sentencia T-052 del 2017 busca reconocer los derechos del pueblo indígena barí y las reservas campesinas. Hemos creado una instancia de diálogo permanente que permita recoger entre todos los procesos sociales, las distintas visiones del territorio para tratar de conciliar el engranaje dentro de la región que permita acceder a los derechos a la tierra”, explica el líder social.
 
Igualmente, se acordó unos proyectos de dotación de tierras satélites para los 5 procesos sociales con las comunidades indígenas para la adquisición de predios para las organizaciones. “La ANT, va a liderar la conversión para consolidar los acuerdos de paz en el Catatumbo”, añadió.

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Existe un cronograma donde se fijan las fechas, voluntad política y comprometido vigencias políticas. “Es un acuerdo inédito en el marco del Pacto del Catatumbo en materia de tierras. La implementación del acuerdo de paz de 2016 con una verdadera reforma rural integral”, puntualizó.

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