Habitantes del asentamiento Tierra Santa adelantan las gestiones ante la Alcaldía para legalizar esos terrenos, invadidos desde hace tres años y medio.

El presidente de la Junta de Acción Comunal, Jesús Castilla, manifestó que los herederos de Rito Velásquez, propietarios del terreno, están dispuestos a concertar para buscar una salida negociada a ese conflicto.

A pesar de las condiciones socioeconómicas, sueñan con la titulación de los lotes para levantar viviendas propias. 

Actualmente, en el asentamiento residen 244 familias, cifra que asciende a unos mil 500 con los niños y adultos de tercera edad procedentes del Catatumbo.

La mayoría de la población son desplazados por la violencia de esta zona.

A puertas de la legalización

Según Castilla, sólo falta el último paso para la legalización de los predios. Cada familia debe aportar seis millones de pesos.

Por su parte, los habitantes se encuentran motivados con el proceso y han adelantado sus propias gestiones para conseguir el dinero. 

“Aquí nos ganamos la vida con el día a día, muchos en sector de la construcción, transporte informal y las mujeres con la granjería, haciendo tamales, arepas, yogures y quesos. Nunca nos arrugamos”, reiteró.

Una lucha conjunta 

Por el momento existen unas 50 casas en construcción con esfuerzo de la gente a través de préstamos. 

“Hemos hecho gestiones para pactar con los herederos. Tenemos el 80 por ciento de negociación  y falta que el Concejo proyecte la legalización de las tierras en cuanto a los estudios”, agregó.

Para el funcionario, en Tierra Santa hay habitantes procedentes de San Calixto, Hacarí y Ocaña.  

“Existen unos 100 desplazados por la violencia y el resto de la comunidad es población vulnerable, que también necesitan apoyo del Estado”, precisó.

En lo referente a los servicios públicos la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña  (Espo) instaló 7 contadores comunitarios, pero hay dificultades económicas, lo que retrasa el pago.

Con Centrales Eléctricas se proyecta la legalización del servicio de energía, una vez se cuente con un convenio.

Sobre los litigios por predios invadidos de la Terminal de Transportes se proyecta una reunión con los directivos para coordinar la vía de acceso.

“Una carretera hacia San Antonio no es viable ya que mucha gente ya levantó sus casas y el objetivo es lograr acuerdos para quedarnos en estos terrenos”, indicó. 

La Opinión