A raíz de la concentración del material particulado en la atmósfera del casco urbano de Ocaña, el área de Control y Vigilancia de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor, ordenó el cierre de una ladrillera con 80 años de tradición en el municipio.
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La familia Lemus, propietaria de la alfarería solicitó a la autoridad ambiental una prórroga mientras queman en los hornos unos 65 mil bloques, para solventar la situación de los 22 trabajadores.
El representante legal, Darío Lemus, reclamó consideración ya que el impacto laboral para varios obreros será grande. Sin embargo, la resolución no tiene vuelta de hoja y es de estricto cumplimiento, aseguró el funcionario de la territorial Ocaña, ingeniero ambiental Juan Carlos Rodríguez Osorio.
Recalcó sobre las constantes quejas de los vecinos por la contaminación ambiental que está ocasionando afecciones en la vía respiratorias de los niños, lo cual en varias oportunidades se había notificado a los herederos de los hornos, ya que son obsoletos y no reunían las especificaciones técnicas.
El procedimiento se realizó con la presencia de las distintas entidades para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores y dueños de la alfarería. “A pesar de las recomendaciones seguían con los mismos mecanismos para la fabricación del material para la construcción. Nunca se acogieron a las normas técnicas con la incorporación de nuevas tecnologías. Al contrario, se recibió el denuncio que, durante la Semana Santa, infringían las prohibiciones”, reiteró Rodríguez.
Por desobedecer las medidas se les aplicó una multa de 2 millones de pesos y conjuntamente con la inspección Primera de la Policía se coordinó la destrucción de los 10 hornos artesanales cerrados.