Negarse a preparar el alimento de sus dos hermanos gemelos -de tan solo un año de vida- fue el detonante para que Edarlis del Carmen Cano Chourio, de 24, atentara contra la humanidad de su propio hijo, de ocho años, arrojándole un cuchillo en medio de un “ataque de ira”, como dijo a las autoridades al momento de su captura.

El hecho, que se registró el pasado 22 de febrero, en una humilde vivienda del barrio El Paraíso, una invasión a las afueras de Cúcuta, es uno de los casi 40 casos que se han registrado en la ciudad en lo corrido de 2024, según registros compartidos tanto por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del departamento como por la Policía de Infancia y Adolescencia.

El caso trascendió a los medios nacionales y pasó a engrosar la enorme estadística de maltratos y abusos de los que son víctima los niños en Colombia casi que diariamente, muchos asociados, justamente, a agresiones por parte de padres o cuidadores, quienes en teoría deberían representar su lugar más seguro en el mundo.

¿Por qué sucede esto? ¿A qué se debe esta situación? ¿Es una tendencia creciente? ¿Es percepción, por la exposición que hoy dan las redes sociales? O ¿Es un problema latente, que siempre ha estado en la sociedad?

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Un tema cultural

Yadira Alarcón, directora de la Especialización de Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, explica que si bien la violencia es una conducta o manifestación que está en el ser humano y en las sociedades en general, en el caso de Colombia, “la violencia infantil está muy presente en nuestra cultura”.

“Antiguamente se entendía que la forma de educación, y la forma de amor, era a través del maltrato, porque los padres y madres de familia nacieron creyendo que en el rigor del maltrato y en la corrección física se encontraba parte del deber de crianza. Eso desnaturalizó las relaciones entre padres e hijos convirtiendo el maltrato en una normalización de la crianza”, afirma.

En el caso particular de Norte de Santander, George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, reconoce –muy a su pesar- que este es un territorio muy violento en todos sus ámbitos y eso repercute directamente en el desarrollo de la infancia.

El funcionario observa con preocupación el deterioro de los valores familiares, razón por la cual “nos hemos vuelto ciudadanos muy violentos”.

En el último año, de los 12.904 delitos cometidos en Norte de Santander, 717 -que equivalen al 5%- fueron contra niños, niñas y adolescentes, según informe de Seguridad Ciudadana, de los cuales 298 tiene que ver con maltratos físicos, de ellos 116 se registraron dentro del entorno familiar.

Frente a la crueldad de los números, Quintero es poco optimista, asegura que las cifras que se registran corresponden a denuncias que llegan a las instancias judiciales, las que no suele ser mucho más altas, sobre todo por temor de uno de los padres, generalmente la madre, que no acude a las autoridades por alguna situación de dependencia –mayormente económica- “entonces permite que sigan cometiéndose los maltratos y abusos contra su hijo o hija”, dice.

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Sociedad enferma

Las conductas violentas no tienen estrato social, pero generalmente es un problema muy marcado en las clases más vulnerables económicamente.

El caso con el que empezó esta historia es prueba de este diagnóstico. Una madre joven y soltera, migrante además, con tres niños a su cargo, y una situación socioeconómica precaria.

Ante este panorama, Yadira Alarcón sentencia que “somos una sociedad enferma”, fundamentalmente como consecuencia de la pobreza, el hambre, la falta de satisfacción de las necesidades básicas, el conflicto armado interno y los flagelos sociales.

Estas situaciones hacen que “tengamos un gran número de personas sometidas a altos niveles de carencias sociales, que generan estrés; esto significa que no tenemos unos buenos núcleos familiares que, a su vez, cuando tienen hijos se levantan en medio de todas esas necesidades. Todo este entorno lleva a que el ser humano saque lo peor de sí”.

Leonardo Cárdenas, jefe de Protección y Servicios Especiales de Infancia y Adolescencia de la zona Metropolitana de Cúcuta, atribuye los casos de violencia intrafamiliar al hecho de que muchas veces los padres son personas muy jóvenes y alguno de ellos -el 60% aproximadamente- es consumidor de estupefacientes, situación en la que el niño queda a la deriva, sin una supervisión clara y expuesto a cometer conductas irregulares o ser víctima de éstas.

Alarcón considera que para contrarrestar este tipo de situaciones se debe trabajar mucho en la psicología de las personas, para que cada vez sean más los hogares sanos, donde se pueda brindar un ambiente favorable para la crianza de los niños, niñas y adolescentes.

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Volver a la “crianza respetuosa”

En redes sociales, así como abundan casos de maltrato infantil asociados a la crianza, también proliferan cada vez más expertos psicólogos, psicopedagogos, pediatras y “coach” de educación, que se han dedicado a predicar sobre la “crianza respetuosa” como un método amigable y asertivo en el acompañamiento de los niños en su proceso de desarrollo.

Yadira Alarcón considera que hablar del término “crianza respetuosa” como un método alternativo es “peyorativo”, puesto que “la crianza respetuosa más que una tendencia es un derecho fundamental”, afirma.

Asegura que la autoridad de los padres está limitada por la responsabilidad parental, que significa que los progenitores en lugar de tener un poder sobre los hijos lo que tienen son los deberes.

Sostiene que al hablar de ‘crianza respetuosa’ se podría incurrir en una justificación de los mecanismos de crianza antiguos que vulneraban los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, al mismo tiempo llevaría a que no sean cuestionados, repudiados y sancionados socialmente.

El marco jurídico que ampara al niño

En Colombia existe todo un marco jurídico que ampara los derechos del niño a vivir en un entorno digno y libre de violencia.

La Constitución es la primera en dictar norma, al consagrar en su artículo 44 los derechos fundamentales del niño a la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.

El Código de Infancia y Adolescencia, por su parte, pretende garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

En este marco surgió en 2021 la Ley 2089, conocida popularmente como la ‘Ley Antichancleta’, por medio de la cual se prohíbe el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes.

Esta prohibición es para padres, cuidadores y todo aquel que tenga relación con el niño, toda persona que viva, proteja o lo tenga bajo su cuidado; incurrir en ello, pueden conducir a la perdida de la potestad del menor en el caso de los padres.

“Los mecanismos para combatir el flagelo del maltrato infantil están, sólo tenemos que hacer cumplir la Ley”, dice el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander.

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