En aras de conceder suficiente tiempo para el análisis de la iniciativa encaminada a concesionar los servicios de acueducto y alcantarillado, el alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, decidió retirar el proyecto de acuerdo presentado al Concejo Municipal de Ocaña.
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El mandatario solicitaba facultades especiales para convocar a una licitación pública y cumplir con una orden judicial en segunda instancia del Tribunal Administrativo del Norte de Santander, en el que se establece retomar los activos y entregar la operación a un tercero.
El presidente del Concejo, Cristian Jiménez Arévalo, explicó que, una vez elevadas las consultas, deben revisar mucha documentación y los días extraordinarios no alcanzan para tomar una decisión definitiva.
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Casadiego escuchó las recomendaciones de los miembros de la corporación, hará algunos ajustes de ley para volver a presentarlo durante el periodo de sesiones ordinarias de mayo.
Entre la espada y la pared
Analistas políticos manifestaron que el mandatario se encuentra entre ‘la espada y la pared’ ya que el veredicto del alto tribunal es de estricto cumplimiento y en varias oportunidades ha sido requerido por la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos para que resuelva la situación.
Los opositores aseguran que existen otras alternativas para cumplir con el veredicto y proponen fortalecer a la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña.
El mandatario indicó que no hay otra alternativa y es enfático al afirmar que ESPO S. A. no se va acabar, ya que puede participar en la convocatoria para licitar, y si no es seleccionada, continuará con la administración del relleno sanitario de carácter regional ubicado en la vereda La Madera.
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El enredo jurídico iniciado en el año 2017 es bastante grande ya que la anterior alcaldesa, Miriam Prado Carrascal, quiso retomar los activos a la fuerza, fue destituida y el reemplazo Wilmar Bayona Ibáñez fue a dar a la cárcel por fraude a resolución judicial y todavía pesa una detención domiciliaria en su contra.
Un regalo envenado
El líder social, abogado Silvano Calvo, explicó que tanto el mandatario actual como los concejales que avalen esa iniciativa corren el riesgo de purgar penas y recomienda buscar otras alternativas.
El profesional califica que la reversa del alcalde corresponde a una derrota política en sus intenciones de entregar los servicios públicos a una empresa privada sin analizar otras alternativas.
Considera que todo el proceso está arreglado y el mandatario con el retiro de la iniciativa deja entrever que no logró el consenso.
“Fue una jugada para generar el debate. Tiró un regalo envenenado a los concejales y muchos no quisieron probarlo, entonces lo recoge, hace las modificaciones a su antojo y lo vuelve a presentar”, recalcó.
Dice que todo está fríamente calculado para entregar los servicios a 20 años y los usuarios van a pagar los platos rotos con altas tarifas para recuperar la inversión.
El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego Sanjuán, explicó que debe cumplir con el fallo judicial donde se obliga al municipio someter a un proceso licitatorio la prestación de los servicios públicos.
Dice que será presentada nuevamente a los concejales el 2 de mayo para que tengan todo el mes de hacer los análisis correspondientes.
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El proyecto se presentó y sustentó en sesiones extraordinarias el 23 de abril, en común acuerdo con la mesa directiva de la corporación. Sin embargo, varios concejales han solicitado mayor tiempo para profundizar en los estudios.
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