Culmina el año 2024 y las personas afectadas con la avalancha en la vereda El Tarrita, Ábrego, aún no reciben respuesta alguna sobre el reasentamiento por parte de la cuestionada Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre.

Los damnificados denunciaron que el escándalo a nivel nacional repercute en una pronta solución a ese desastre natural y exigieron celeridad en los trámites para la compra de los terrenos.
 
Los abogados adelantan acciones legales para restablecer los derechos de las personas que lo perdieron todo y los reclamos no hacen eco en las entidades nacionales.
 
El representante legal, Álvaro José Ibáñez Sierra, adelantó los avalúos totales para instaurar una demanda ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por la suma de 157.000 millones de pesos en contra de Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Consejería departamental, alcaldías de Ábrego y Villa Caro, para exigir la reparación de los daños y perjuicios por la no prevención de la avalancha.

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“Son 197 familias afectadas, estamos acopiando las pruebas suficientes y el 20 de enero del próximo año estaremos radicando los documentos al alto Tribunal para que defina la situación. De no prosperar, se acudirá al Consejo de Estado”, explicó el profesional del derecho.

Cuestionan la lentitud 

El presidente de la Junta de Acción Comunal de El Tarrita, Álvaro Jácome Rangel, manifestó que el panorama es bastante desalentador ante la desidia y el olvido de las entidades territoriales durante el proceso de adquisición de predios.
 
“Es injusto el tratamiento, pues a mediados del mes de noviembre nos enteramos que parte de la información y estudios realizados desaparecieron en las oficinas de Bogotá.   No se encuentra completa por supuesta irregularidad en ese proceso. Por lo que se verían en la necesidad de hacer todo nuevamente, como comunidad vemos esto con gran preocupación”, agregó.

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Aclaró que siguen pagando un subsidio de arriendo, pero al momento llevan 6 meses de atraso con el desembolso. “Las familias han tenido que retornar a la zona de riesgo por necesidad. Al momento estamos esperando que nos cumplan el compromiso de ponerse al día con esos recursos y que el desembolso sea puntual y de no ser así la misma comunidad manifestó volver a usar las vías de hecho”, señaló el vocero de los damnificados.
 

Urge perfilado geológico 

Los ribereños de la cuenca hidrográfica cuestionaron la manera como se asignaron elevadas sumas de dinero haciendo dragado al río, sin mediar estudios del Servicio Geológico colombiano.

El abogado defensor, Álvaro José Ibáñez, reconoció que esa falla no se conjura de la noche a la mañana, pero reclamó celeridad en los procesos para mejorar las condiciones de vida de los damnificados.  Advirtió sobre los riesgos asumidos por los afectados, quienes retornaron al sitio del desastre natural, ante la lentitud de las acciones para remediar la situación. Hasta la fecha, se han visitado 4 fincas sobre las cuales la Agencia Nacional de Tierras debe avalar la iniciativa para ejecutar proyectos productivos y así resarcir las pérdidas.
 
“Si Gramalote demoró 12 años y no se ha resuelto la situación, ¿cuánto deben esperar los moradores de El Tarrita? La inversión está en vilo debido a los actos de corrupción que repercute en una solución definitiva”, agregó el profesional del derecho, quien lidera una campaña para recolectar juguetes para alegrar la Navidad a los niños de la región.

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Preocupa además que desde agosto de 2023 no se hace monitoreo alguno por el Servicio Geológico colombiano para prevenir réplica de posibles desastres naturales.

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