Los comunales del país, representados en la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia, se reunieron esta semana con el presidente de la República, Gustavo Petro, para conversar sobre algunos asuntos que siguen preocupando al sector y frente a los cuales reclaman el apoyo del Gobierno Nacional.

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Uno de los temas que estuvo en la agenda del encuentro fue la suspensión de los convenios solidarios que, por ley, les permitía a las Juntas de Acción Comunal (JAC) ejecutar obras de menor cuantía en los municipios y departamentos, pero que quedaron en el congelador a mediados de este año, por decisión del Consejo de Estado.

La razón que tuvo el alto tribunal para hacerlo es que hubo una “extralimitación de la potestad reglamentaria del presidente de la República pues, la facultad de reglar la selección de menor cuantía tenía reserva de ley, y lo que hizo el gobierno fue crear, mediante un decreto reglamentario, el mecanismo de selección de contratación directa de menor cuantía”.

En vista de la importancia que representa para las JAC dichos convenios y de la confusión que existe, pues Planeación Nacional dijo hace unos meses que los entes territoriales mantenían la potestad para celebrarlos, los comunales aprovecharon el encuentro con el jefe de Estado para insistir en la necesidad de buscar alternativas que les permitan a estos organismos reactivar esa función.

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Hugo Rey, presidente de la Federación Comunal de Cúcuta, participó en el encuentro y dijo que esta fue una de las principales peticiones que le hicieron al presidente Petro, toda vez que consideran que esa figura es una forma de optimizar recursos, asegurar obras para las comunidades, al tiempo que las juntas se hacen sostenibles.

“El presidente está en toda la voluntad de encontrar una solución y dice que se va a sentar con Colombia Compra Eficiente para sacar una minuta tipo, para que sea asequible a las Juntas de Acción Comunal y no pongan tantos requisitos como los tiene cualquier contratista”, aseguró Rey.

Al respecto, el director de Planeación Nacional, Alexander López, quien estuvo en la reunión, destacó la importancia de que se pueda continuar con los convenios solidarios con estos organismos comunales, al señalar que estos permiten construir vías terciarias, puestos de salud, viviendas en barrios y sectores rurales y urbanos, e infraestructura deportiva, de forma más rápida, más económica, y de mejor calidad.

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“Se creará una comisión permanente liderada por el Ministerio del Interior y el DNP, junto con los voceros del movimiento comunal colombiano, para avanzar en la consolidación de los convenios solidarios”, dijo.

Seguridad

Otro de los puntos en los que se hizo mayor énfasis por parte de los voceros de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, que representa a 63.000 Juntas de Acción Comunal, 1.600 asociaciones comunales y 7 millones de integrantes, tiene que ver con la seguridad y las garantías para el ejercicio de su labor.

El delegado cucuteño manifestó que una de las peticiones que hicieron fue establecer una ruta concreta para tramitar las amenazas que permanentemente están recibiendo los líderes comunales.

“Al comunal lo amenazan y no hay un primer respondiente, sino es la Fiscalía o la Personería, pero no hay una ruta establecida para que un comunal pueda salvar su vida y no llegar a un desenlace fatal”, dijo.

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El dirigente comunal explicó que junto con el Ministerio del Interior se acordó la creación de una comisión permanente, de la que también harán parte activa la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, para hacerle seguimiento al respeto a las garantías de los líderes comunitarios.

“Se les pidió, eso sí, poner un funcionario de planta, pero no un contratista, para que pueda asumir esa ruta, porque lo que pasa siempre es que el contratista a los dos o tres meses se va del cargo y deja los procesos botados. Queremos que eso se controle para que no se pierda la información”, manifestó Hugo Rey.

Según la información que maneja el propio Gobierno, en lo corrido de este 2024 han sido asesinados 66 líderes comunales en el país, frente a 37 del año pasado, y 68 en 2022.

Avanzar en la protección de los derechos que tienen los miembros de las Juntas de Acción comunal y asegurar que los recursos públicos lleguen directamente a estas entidades comunales, sin intermediarios, fueron otros de los acuerdos que resultaron del encuentro con la Confederación, que fue posible por el compromiso suscrito por el Gobierno Nacional en el Congreso Nacional del pasado 29 de noviembre en Yopal (Casanare).

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