Un panorama crítico en materia de derechos humanos es el que presentó ayer la Defensoría del Pueblo por cuenta del conflicto armado en los 32 departamentos del país.

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De acuerdo con la información que maneja la entidad, en estos momentos no hay una sola región de Colombia que esté focalizada sin riesgo, a partir de las Alertas Tempranas emitidas de manera periódica para prevenir eventuales hechos en contra de la población civil.

Y es que de los 1.102 municipios que conforman el país, al menos 790 se encuentran en una condición de vulnerabilidad frente a los actores armados ilegales que hacen presencia en el territorio, esto es, el 71%.

“No hay un solo departamento en Colombia sin advertencia”, dice el informe de la Defensoría y advierte que la situación es especialmente particular en regiones como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, así como en las subregiones del Catatumbo, sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, en donde confluyen dos o más grupos armados organizados (GAO).

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Solo en el 2023, la Defensoría del Pueblo registró un total de 123 eventos de desplazamiento forzado, los cuales afectaron a 58.937 personas. En lo que va corrido del 2024 ya se han contabilizado 100 eventos, que han afectado a 40.499 personas.

“Aunque en algunos departamentos solo haya presencia de un grupo armado, como en Guaviare (disidencia de las Farc liderada por Mordisco), las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y ‘cercos humanitarios’, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la fuerza pública”, dice la entidad.

En el informe se advierte que Colombia enfrenta un conflicto transformado en el que se ha evidenciado un proceso de expansión territorial de los GAO el cual se suma a una fragmentación de actores, dinámicas que combinan nuevas formas de violencia y gobernanza criminal y afectaciones directas a los liderazgos sociales y ambientales.

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En el caso particular de Norte de Santander, la Defensoría indica que esta es una región en la que la guerrilla del Eln se encuentra en expansión, “controla rutas de narcotráfico y extorsión,  intensificando su reclutamiento forzado en comunidades vulnerables”.

A nivel nacional, las cifras ubican el uso de niños, niñas y adolescente en 297 casos hasta el pasado 3 de diciembre. En 2023 se registraron 337 casos, frente a 37 que se contabilizaron en 2021 y 51 en 2022, lo cual indica un aumento desproporcionado de este delito.

Oscuro panorama para la mujer

En el diagnóstico sobre derechos humanos que entregó ayer la Defensoría también se hace énfasis en la situación de la mujer, al advertir que esta es “una de las peores crisis de derechos humanos”.

Lo anterior se confirma con los 745 feminicidios registrados durante este 2024, 44 de ellos contra niñas y 11 contra personas trans. Entre enero y septiembre fueron reportados 26.605 casos de violencia de pareja, además de 333 hechos relacionados con el delito de trata de personas.

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“En Colombia, el conflicto armado sigue siendo un desafío crítico en derechos humanos, especialmente para las mujeres. De las 325 Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría desde el 2017, 205 identifican riesgos significativos para las mujeres en contextos del conflicto armado. Sin embargo, estamos comprometidas en fortalecer estrategias de protección”, manifestó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Los riesgos específicos a los que se enfrentan las mujeres, por cuenta de conflicto armado son:

-Desplazamiento forzado por riesgos de reclutamiento de sus familiares.

-Violencia sexual, trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

-Feminicidios, amenazas e intimidaciones, violencia por prejuicio.

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Para la Defensoría, uno de los principales factores que incide en que esa violación de derechos humanos contra la mujer esté hoy en su peor momento tiene que ver con la misma cultura y la complacencia de las mismas autoridades con la violencia de género.

“Hay violencia institucional y todavía ocho departamentos no cuentan con casas refugio o modalidades alternas a esta”, alerta la Defensoría.

Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lideresas sociales, afrodescendientes, indígenas y migrantes son quienes enfrentan los riesgos más graves por las dinámicas del conflicto.

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