Comenzó a regir en todo el territorio nacional la Ley de Garantías Electorales donde los alcaldes no pueden hacer contratación directa y quedó pendiente el convenio entre la administración de Ocaña y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) para el traslado de reclusos.
Durante los últimos meses, las autoridades municipales habían trabajado en la consecución de los recursos encaminados a garantizar el traslado oportuno de los detenidos para descongestionar el Centro Transitorio de la Policía, con capacidad de albergar a 20 personas y en la actualidad tienen 122 capturados.
A pesar de las negociaciones y gestiones realizadas, el Inpec a nivel regional no aceptó el acuerdo por 70 millones de pesos mensuales, malogrando refrendar el contrato antes del plazo estipulado por la ley.
El nuevo director de la cárcel de Ocaña, abogado Gilbert Fabián Quintero Ibáñez, avanza en las diligencias para mitigar el sobrecupo pues en ese lugar también se reporta el fenómeno ya que solo caben 198 internos y se alberga 345 reclusos.
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De acuerdo a los lineamientos fijados a nivel nacional la fecha límite era hasta el 29 de junio, para evitar las restricciones a los mandatarios locales.
La falta de espacio en los calabozos
“Actualmente, no hay capacidad para albergar a un solo detenido más, lo que genera un riesgo tanto para los propios reclusos como para el personal encargado de su custodia, indicó el comandante del Segundo Distrito de la Policía, mayor Luis Miguel Morales.
El gobierno municipal manifiesta la preocupación y lamenta la falta de un principio de acuerdo para remediar la compleja situación registrada en las celdas.
Los internos denuncian mala alimentación, precarias condiciones higiénicas y reclaman celeridad en los procesos judiciales. “Estamos en un infierno, la humedad genera problemas respiratorios y no entendemos la demora para el traslado hacia la cárcel”, indica uno de los sindicados.
La gran esperanza era la firma de ese convenio, pero no fue revisado a tiempo y seguirá el hacinamiento en las celdas.
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El personal de guarda del Inpec, solo acepta el traslado de personas condenadas y los sindicados deberán esperan los mecanismos utilizados para descongestionar los centros penitenciarios.
No se finiquitó el convenio con la regional del Inpec
Desde principios del presente año la alcaldía local a través de la secretaría de Gobierno ha expuesto la situación en varias reuniones con la presencia de los delegados de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría regional del Pueblo, Personería municipal, directivas de la cárcel y la Policía Nacional, pero los esfuerzos han sido infructuosos.
“En el último encuentro luego de haber aceptado las condiciones, la regional del INPEC no finiquitó el proceso y debido a la Ley de Garantías se malogró el convenio”, afirma el secretario de Gobierno, abogado Jaime Velásquez Salamanca.
El gobierno local ha manifestado su disposición y compromiso para solucionar esta situación que genera preocupación en la población, ya que las condiciones de hacinamiento pueden afectar la salud y seguridad de los detenidos y del personal encargado de su custodia, reiteró.
Espera que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para resolver esta problemática y garantizar la integridad de los sujetos privados de la libertad y el personal de la estación de Policía, puntualizó.
Se requiere estrategias para habilitar las celdas en la cárcel ya que los resultados operacionales de la policía lo ameritan pues cada día se capturan más delincuentes para poner orden en casa, indica el comandante del Segundo Distrito de la Policía, mayor Morales.
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Lo grave del caso es que la Ley de garantías electorales rige hasta el 31 de octubre y las autoridades no cuentan con herramientas para combatir los actos criminales ocurridos en ese periodo.
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