En la Provincia se formó la Asociación de Personeros del Catatumbo, con el propósito de trabajar unidos por la defensa de los derechos humanos y la convivencia pacífica. El presidente de la junta directiva, Diógenes Quintero Amaya, señaló que la idea también surgió como mecanismo de autoprotección de los personeros que se sienten solos en cada uno de los municipios donde se ve alterado el orden público.

“Es una red de defensores de los derechos humanos para proyectar un trabajo articulado con la comunidad. Ahora se vive una coyuntura para implementar un acuerdo de paz y no va a ser fácil, entonces serviremos de consultores de la realidad para visibilizar las problemáticas”, reiteró.

El personero de Teorama, Evert Pallares Baene, resaltó el trabajo en equipo donde hay una mayor entrega y todos están dispuestos a fortalecer los esquemas para lograr una mayor protección a la población vulnerable.

El personero de la Playa de Belén, Edward Trigos, manifestó que es un trabajo  articulado de 13 municipios para debatir la problemática. “Es un ejemplo a nivel nacional, una asociación bien estructurada que hace un trabajo en los distintos municipios y más ahora que hay expectativa sobre el procesos de paz”.

El personero de Río de Oro, sur del departamento de Cesar, Martín Humberto Casadiegos Santana, aseguró que “a futuro es un órgano consultor ya que en esta zona convergen diversos actores armados y se juega un papel trascendental en el pos conflicto, para educar y transmitir vivencias. El Catatumbo se convierte en el laboratorio o escenario perfecto para aclimatar la paz”, reiteró.

El exdefensor del pueblo y nuevo director ejecutivo de la asociación, especialista en derechos humanos, Nelson Enrique Arévalo Carrascal, manifestó que trabajarán incansablemente por la región a través de las personerías con hechos reales de paz. “El conflicto armado preocupa, se debe analizar la situación e impulsar iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona”.

La Asociación de Personeros del Catatumbo contará con una oficina en la carrera 12 N°12-60, diagonal al palacio de justicia de Ocaña para facilitar los trámites de las comunidades afectadas.

“Exigiremos la intervención del Estado. Nosotros estamos preocupados con la alteración del orden público en San Calixto Teorama, Hacarí y El Carmen. Todo esto tiene que ver con la implementación de un acuerdo de paz, tenemos el temor de que el gobierno centre su atención en la zona veredal del municipio de Tibú y que se olvide del Catatumbo bajo y alto en donde también hay una problemática social humanitaria producto del conflicto armado”, recalcó Diógenes Quintero Amaya.

La Opinión