Un vehemente llamado a los grupos alzados en armas para el cese de hostilidades encaminado a buscar acercamientos frente a la aguda crisis humanitaria hicieron los integrantes de la Red de Consejeros de paz de la zona del Catatumbo.
Mediante un comunicado denunciaron las violaciones flagrantes de los derechos humanos y los protocolos internacionales afectando directamente a la población civil. Entre las victimizaciones más críticas se encuentra, los desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios, amenazas de líderes sociales y comunitarios, en contravención de la Constitución política de Colombia de 1991, la Ley 1448 de Víctimas y tratados internacionales.
Subrayan la necesidad de una acción inmediata por parte del Estado, los actores armados en disputa y la comunidad internacional para proteger los derechos fundamentales de la población del Catatumbo.
Imperativo trabajar por la paz
Los Consejos de Paz, en cumplimiento de la Ley 434 de 1998, los decretos ley 885 de 2017, 1081 de 2015 y 1216 de 2017 sobre las garantías de los DDHH y el DIH tienen el deber de formular recomendaciones a través comunicados públicos para fortalecer los mecanismos de paz y mitigar los efectos de la emergencia humanitaria por el conflicto armado registrado en el Catatumbo.
“Es imperativo garantizar la protección de las comunidades afectadas y articular acciones entre distintos niveles”, indicó la acompañante Laudith Carrascal.
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Rechazan la continuidad del conflicto entre los grupos armados de la región, el cual se ha extendido de manera sistemática por más de un mes, dejando un alarmante número de personas víctimas y refugiadas. A la fecha, no se han generado canales de diálogo y concertación que permitan un cese de hostilidades y la terminación del conflicto.
Un conflicto que no les pertenece
Excluir a la población civil de la confrontación armada es una de las peticiones de los jóvenes quienes censuraron los actos de violencia ocurridos en los corregimientos El Aserrío, San Pablo y en las veredas Vijagual, Piedras de Moler, El Limón y San Luis parte baja, donde civiles, incluyendo niños y niñas, han quedado en medio del fuego cruzado. Asimismo, denuncian con firmeza las agresiones contra la misión médica, cuyo trabajo es fundamental para la atención de heridos y la protección de la vida.
Exigen el respeto irrestricto a la labor humanitaria, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
Repudiaron también los ataques en las veredas de Bertrania de Tibú y Bracitos de El Tarra, donde dos mujeres civiles resultaron heridas en medio del fuego cruzado.
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Exhortamos al Gobierno Nacional a continuar con el despliegue urgente y coordinado de asistencia humanitaria integral en el Catatumbo, garantizando acceso a salud, alimentación, educación y protección para las víctimas del conflicto. Esta ayuda debe ser sostenible y ajustada a las necesidades reales de las comunidades.
Añoran vivir en paz
Demandan la implementación de estrategias de seguridad humana que protejan a la población civil sin recurrir a una militarización excesiva, priorizando el respeto a los derechos fundamentales y el fortalecimiento de las instituciones civiles.
Hacen un llamado a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz y al Consejo Nacional de Paz para convocar de manera inmediata a entidades nacionales, departamentales y municipales con el fin de coordinar esfuerzos estructurales que trasciendan la atención de emergencias y promuevan soluciones sostenibles.
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