La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) ha solicitado a la Corte Constitucional que declare inexequible el decreto mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro estableció el estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
Según el documento presentado por la CEJ, la medida es “manifiestamente inconstitucional” al no cumplir con los requisitos establecidos para su aplicación.
El principal argumento de la petición radica en que la crisis de violencia en la región no es un hecho sobreviniente ni imprevisible, sino una situación estructural de larga data que, según la entidad, debería abordarse mediante políticas públicas integrales en lugar de recurrir a medidas excepcionales.
El documento presentado por la CEJ también advierte que, en caso de que la Corte avale la declaratoria de conmoción interior, esto podría sentar un precedente que permitiría al Gobierno utilizar esta figura en otras regiones que enfrentan problemáticas similares, como Arauca, Cauca o Putumayo.
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Este escenario ha generado debate en sectores políticos y académicos sobre los límites de esta figura constitucional.
La Corte Constitucional tiene previsto iniciar la discusión sobre la legalidad del decreto a mediados del próximo mes.
En esta instancia se definirá si la medida del Gobierno se mantiene o si, por el contrario, es declarada inexequible, lo que marcaría un precedente en la aplicación del estado de conmoción interior para enfrentar crisis de orden público.
El presidente Gustavo Petro ordenó el 20 de enero la declaratoria de un estado de conmoción interior y emergencia económica en el Catatumbo, justificando la decisión en los intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.
Estos enfrentamientos han incrementado los niveles de violencia en la región, afectando a la población civil y limitando el accionar de las autoridades locales.
Durante su intervención, el jefe de Estado afirmó que las medidas buscan restaurar el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes. Asimismo, solicitó el respaldo del poder judicial para coordinar esfuerzos que permitan mitigar el impacto del conflicto armado en la zona.
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La declaración del estado de conmoción interior ha generado diversas reacciones.
Mientras que algunos sectores consideran que la medida es necesaria para contener la violencia en la región y fortalecer la presencia del Estado, otros advierten sobre los riesgos de utilizar esta figura constitucional en situaciones que, según ellos, deberían ser manejadas con estrategias de seguridad y desarrollo social.
La discusión en la Corte Constitucional será clave para determinar el alcance de esta medida y su aplicación en futuras crisis de orden público en el país.
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En los próximos días se espera que diversos sectores presenten sus argumentos a favor y en contra de la medida, mientras la Corte analiza los criterios legales y constitucionales para tomar una decisión definitiva.
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