A pesar de las medidas de choque implementadas por el Estado, la subregión del Catatumbo sigue sumida en una tensa calma. La violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y ahora un tercer actor, el Ejército colombiano, mantiene en vilo a la población civil.
Así lo dio a conocer el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, quien ha recogido los testimonios de las víctimas afectadas por esta guerra sin tregua. En los distintos municipios de la provincia, el drama se repite una y otra vez: familias que pierden a sus seres queridos, amenazas constantes de los insurgentes y el temor latente a un recrudecimiento del conflicto.
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El dolor de los desplazados
La crisis humanitaria ha dejado una huella profunda en las comunidades. En la más reciente diligencia, 37 personas procedentes del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen, dieron su testimonio sobre el asesinato de un familiar cercano. Según Bohórquez, la inseguridad y la falta de garantías hacen imposible plantear un retorno voluntario de los desplazados. “Los enfrentamientos pueden estallar en cualquier momento, dejando a los campesinos atrapados entre el fuego cruzado”, advirtió.
Las organizaciones sociales también han alzado la voz. Alba Luz Trigos, lideresa de la Red de Mujeres del Catatumbo, expone la incertidumbre de los desarraigados. “En el primer mes se mitigó la emergencia con la adecuación de un albergue temporal y atención psicosocial. Pero la pregunta es: ¿qué viene después? Se necesita una solución estructural”, señala Trigos, quien insiste en la urgencia de un proyecto de vida para quienes han sido expulsados de sus tierras.
Una crisis que se agrava
El secretario de Gobierno, Freddy Arengas Romero, detalla que el desplazamiento masivo ha llevado a Ocaña a recibir a más de 10.228 personas, agrupadas en 4.090 núcleos familiares. “Siguen llegando más y la cifra puede superar las 11.000 personas. La capacidad está desbordada y muchos se han refugiado en casas de parientes mientras esperan que la situación se normalice”, expresó el funcionario.
La incertidumbre persiste. Bohórquez Lanzziano reitera que el retorno es un escenario lejano ante la ausencia de condiciones mínimas de seguridad, alimentación y apoyo humanitario. Por su parte, líderes sociales denuncian la falta de recursos y el debilitamiento del Pacto del Catatumbo, pues varios de sus impulsores, como el exministro Juan Fernando Cristo y el exdirector de Planeación Nacional, Alexander López Maya, ya no están en sus cargos.
Miedo y amenazas a líderes sociales
El panorama es aún más sombrío para quienes han denunciado la violencia. El concejal de Teorama, Arismed Pallares Coronel, ha sufrido intimidaciones y se ha visto obligado a abandonar su comunidad. “Me duele dejar todo el proceso de formación de los niños. Estoy huyendo de la violencia, temo por mi vida”, expresó entre la angustia y la impotencia.
La persecución a líderes sociales es una constante en la región. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades afectadas por la violencia.
Un regreso marcado por la incertidumbre
Ante la falta de soluciones concretas, algunas familias han decidido regresar a sus parcelas por cuenta propia para atender sus cultivos y animales de corral, aun sabiendo que el conflicto puede estallar en cualquier momento. Bohórquez reconoce la intervención de diversas entidades para mitigar la crisis, pero advierte que los esfuerzos son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Junto con la Diócesis de Ocaña, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de cooperación internacional, se han realizado esfuerzos para generar confianza en los territorios. El gobernador William Villamizar Laguado ha impulsado estrategias para el regreso a clases presenciales en centros poblados mientras se garantice una mínima estabilidad en las veredas.
Un llamado al cese al fuego y a la inversión estatal
Las comunidades claman por un cese al fuego inmediato y un diálogo serio que lleve a acuerdos de paz duraderos. Sin embargo, el intento de establecer un corredor humanitario ha sido un fracaso, dejando a los campesinos confinados sin acceso a ayuda humanitaria, atención médica o alimentos.
Bohórquez califica como un retroceso la crisis ministerial del gobierno de Gustavo Petro, que ha interrumpido el trabajo articulado para atender la emergencia humanitaria en el Catatumbo. “Cambiar a los responsables de una cartera significa empezar de cero. Ya sabemos lo que ocurre en la subregión y necesitamos inversiones inmediatas para transformar los territorios. No podemos seguir con diagnósticos, necesitamos acción”, enfatizó.
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Mientras el conflicto se prolonga, el Catatumbo sigue sumido en el dolor y la incertidumbre. Las comunidades exigen presencia estatal, soluciones estructurales y un compromiso real con la paz y el desarrollo en sus territorios.
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