Nuevamente se efectuó un plantón en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares debido a la intervención de año y medio sin resultados concretos, según los manifestantes.
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Las fuerzas vivas solicitan a la Superintendencia Nacional de Salud las cuentas claras sobre los mecanismos para salvar al centro asistencial.
Los dirigentes piden claridad sobre el avance de las investigaciones de los 87 hallazgos encontrados en el año 2020 y hasta el momento ha sido ‘peor la cura que la misma enfermedad’, según indicó Fernando Augusto Álvarez García.
Reclama explicaciones de los sobrecostos en la contratación y el destino de los recursos existentes para la construcción de la nueva torre.
Álvarez censura la manera en como se ha traído a personal especializado desde la costa norte colombiana cuando existen profesionales en esta región del país agravando los índices de desempleo.
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Los ocañeros exigen al superintendente, Fabio Aristizábal Ángel o en su defecto al actual agente interventor, Víctor Augusto Pedraza López, dar la cara y entregar las explicaciones del caso.
Un compás de espera
El personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano hizo el acompañamiento durante la jornada de protesta y estableció contacto telefónico con el agente interventor.
“Solicitó un compás de espera de 8 días para entregar un informe especial sobre las condiciones técnicas, económicas y administrativas del centro asistencial”, recalcó.
Álvarez indica que después de un consenso con la gente, decidieron que van a esperar la exposición de la situación financiera o de lo contrario volverán para amarrarse con cadenas en las puertas del centro asistencial.
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Los voceros cívicos señalan que el hospital va a la deriva y exigen una explicación para despejar las dudas que tiene la comunidad de Ocaña, la provincia y el Catatumbo, pues son más de 300 mil usuarios que necesitan conocer las cifras.
El fantasma de la liquidación
Los protestantes señalan que el centro asistencial ha venido en un retroceso desde el punto de vista financiero desmejorando la calidad de los servicios y preocupa que la Superintendencia apartó del cargo a un agente interventor el año anterior y hasta la fecha no ha entregado un balance ni positivo, ni negativo.
“Se han acumulado las cuentas por pagar en más de 3 mil millones de pesos, ahondando la crisis financiera. Los contratos como la vigilancia que pasa de 35 a 120 millones de pesos mensuales, lo que desequilibra y muestra el flagrante derroche de recursos, cuando escasean medicamentos e incluso jeringas. Es un manejo administrativo bastante cuestionable y dudoso y queremos que el superintendente nos dé las explicaciones del caso, agregó Álvarez.
Igualmente, reclaman cómo marcha el plan de mejoramiento y las razones de la prórroga. “No nos dicen nada, creemos que fue peor la intervención con un gobierno irresponsable que asigna a un delegado y lo cambia porque incumplió con la tarea encomendada pues había muchas investigaciones.
“¿Cómo es posible que la Superintendencia trae supuestamente la cura y resulta peor que la misma enfermedad?”, se pregunta el exconcejal ocañero quien censura la contratación de empleados de otras partes cuando se tiene un índice de desempleo esta zona del país.
“Exigimos al presidente la república Iván Duque y al ministro de salud para que ponga las miradas hacia Ocaña y la Superintendencia aclare los dos capítulos protagonizados por Yamil Roberto Blel Cervantes y ahora Víctor Augusto Pedraza López. Qué ha pasado con la ejecución presupuestal, los elevados costos de la contratación y los salarios a tiempo de los trabajadores y profesionales de la salud”, son los interrogantes de los inconformes con el manejo del centro asistencial.
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Considera que existe una rosca que se está llenado los bolsillos en detrimento de los servicios de calidad en el hospital. “Esas intervenciones de la Súper termina liquidando a las entidades, es la principal preocupación que existe en Ocaña, cuando el hospital se acabe o liquide, se van a dar cuenta la falta que hace y tendrán que pagar particular. Defender a la institución pública de una calidad y no se convierta en un centro de salud remitiendo a todos los pacientes hacia otras regiones del país”, mencionó.
Defensa de la salud pública
El personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, ha estado al tanto de las quejas instauradas por las comunidades.
“Nosotros estamos de la mano de la gente con esas manifestaciones de rechazo con el ánimo de garantizar ese derecho a la protesta pacífica como iniciativas de la ciudadanía”, recalcó.
Sostuvo una conversación con el agente Víctor Pedraza López y se comprometió con un informe general a todos los entes de control para hacer claridad sobre el manejo administrativo y financiero.
El abogado Silvano Calvo manifiesta que infortunadamente el papel de la Superintendencia de salud sobre la intervención no ha sido claro hasta el momento. “El hospital venía en crisis desde el 2019 por las falencias y dudas en el manejo administrativo. A raíz de las denuncias de la ciudadanía se decide intervenir con el objetivo de mejorar las condiciones. Año y medio después la Superintendencia lo que ha hecho es agravar la crisis, y hoy además de las inconsistencias administrativas acumuladas, el malestar alrededor de los salarios aumentó, asimismo el desabastecimiento de los medicamentos y demora en las citas”, precisó.
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“Explíquenos cuáles son los resultados de la intervención porque se percibe es que se agrava y aquí debe dar la cara la superintendencia pues al ver que su agente interventor vinculado inicialmente, fue retirado empeorando la situación, ya que viene y se interviene ella misma, ese ridículo afecta directamente la prestación de los servicios y amenaza la vida y salud de los habitantes de la región. Para que el señor interventor no el nuevo sino el que salió y el superintendente de salud dé la cara y expliquen con cifras que fue lo que mejoraron de los 82 hallazgos”, reiteró.
Hablan los pacientes
La usuaria Elida Rosa Ascanio manifiesta que esa incertidumbre repercute en todas las especialidades y desmejora el servicio. “No queremos que acaben con el hospital por los caprichos de unos cuántos”, recalca.
Por su parte, Andrés Rosas, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Camilo Torres propone que se retire la interventoría, ya que no hay resultados a la vista. “Qué sean más humanos y menos avarientos con la plata del hospital ya que nos podemos convertir en un puesto de salud”.
La señora Amanda Velásquez solicita a los entes de control verificar posibles malos manejos durante la intervención.
Fabián Andrés Cáceres Valencia de la Mesa de Víctimas y Asociación de Desplazados del Catatumbo indica que el centro asistencial es el epicentro de la provincia de Ocaña.
“Estamos en una zona de conflicto y se requiere fortalecer al hospital y no estar obligados a la remisión de pacientes hacia otras ciudades. Debemos despertar y exigir los derechos”, puntualizó.
Este medio intentó hablar con el agente interventor, Víctor Augusto Pedraza López, sin embargo, anunció un pronunciamiento la próxima semana sobre el plan de mejoramiento estratégico, el aspecto administrativo, financiero y la contratación en los 80 días que lleva al frente de la institución. Más información en www.laopinion.com.co.
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Todo lo relacionado con el anterior periodo, la Superintendencia Nacional de Salud es la autorizada para emitir un concepto sobre el particular.
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