Una tensa situación se vive en la zona del Catatumbo donde ronda el fantasma de la erradicación de los cultivos ilícitos en operativos coordinados por el Ejército Nacional. 

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Los líderes sociales reclaman el cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos en La Habana, Cuba, por parte del Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

Aseguran que la restitución debe hacerse de manera gradual y concertada entregando las herramientas para mitigar el conflicto social presentado en la región.

Ante esta situación, el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, general Fabio Leonardo Caro Cancelado mencionó que “la droga es el combustible de la guerra”, por lo que seguirán con las operaciones para recuperar a Norte de Santander de ese flagelo que deja desolación y muerte.

El vocero político de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), Ólger Antonio Pérez Quintero señala que el problema es estructural y se requiere una verdadera reforma agraria integral.

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Mediante un comunicado manifiesta que “el Catatumbo es una región olvidada históricamente por los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, continuamente golpeada por la violencia, pero con un grado de organización inmensa y que ha forjado el tejido social entre las comunidades gracias a las luchas campesinas y organizaciones que defienden su territorio, los derechos humanos, el medio ambiente entre otras banderas”.

“No estamos en contra de los campesinos”: general Caro

El brigadier general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante del Comando Específico de Norte de Santander, detalló que se adelanta una operación mayor a nivel Ejército en la lucha frontal contra el narcotráfico. 
 
“No solamente en erradicación,  ya que atacamos toda la cadena desde los semilleros pasando por los cultivos y dentro de eso hacemos una capacitación diferencial al personal en el manejo y uso, de cómo se registra, judicializa y ahí sí pasamos a erradicar que esa es una de las fases de las operaciones”, reiteró.

Indicó que también se desmantelan laboratorios con pasta base de coca; cristalizaderos, “utilizados para producir clorhidrato de cocaína enviada al exterior. Asimismo, frenar el lavado de activos, ingreso de los insumos que tanto daño hacen a la región”.
 
Insiste que es un esfuerzo institucional para atacar la cadena del narcotráfico y no en contra de los campesinos manipulados por las organizaciones para que abandonen los cultivos tradicionales.
 
“Propendemos por la defensa del pueblo colombiano y en ese propósito hemos perdido a muchos soldados, hacen bloqueos ilegales y asonadas contra la Fuerza Pública”, reiteró.

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Fue enfático al afirmar que todas las áreas son propensas de erradicación. “El problema es la cultura de la ilegalidad, tenemos que hablar claro y no podemos tener aquí un discurso para una cosa y otro para otra, aquí la ilegalidad únicamente ha traído al departamento y especialmente a la región del Catatumbo, unos problemas de inseguridad, de violencia, muerte, destrucción y desolación”, recalcó. 
 

La chispa que prende las alarmas

Los líderes sociales ven con preocupación los hechos que se vienen presentando en la parte baja del Catatumbo en la vereda Guachimán, municipio de Tibú donde se erradicó el cultivo a dos familias.

“La Fuerza Pública asegura que continuarán las acciones de manera manual, violenta y forzada por parte del Ejército Nacional que se identificó como el Batallón de Operaciones Terrestres Número 8 y que hay tres unidades tácticas disponibles para continuar con esa tarea en la vereda Cerro madera”, explican en el comunicado.

Los anteriores hechos han ocasionado que los agricultores se manifiesten de manera pacífica declarando la asamblea permanente en rechazo de las acciones violentas por parte del Ejército Nacional, y que esto genera alto riesgo de seguridad para las comunidades campesinas.
 
“Hacemos un llamado muy respetuoso a la Defensoría Nacional del Pueblo y a todos los organismos internacionales para que acompañen a las comunidades campesinas ante este accionar de la Fuerza Pública en la región del Catatumbo”, puntualizan.

Políticas equivocadas 

Los líderes sociales dicen que el presidente, Iván Duque, hizo trizas el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las extintas FARC donde se contempló un programa de sustitución voluntaria del cultivo de la hoja de coca en algunos de los territorios sembrados. “Cerca de cien mil familias se acogieron a él, y arrancaron sus propias matas a espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición de la administración de Juan Manuel Santos, a la de Iván Duque supuso un desvío a la política antidroga, y es por esto     que el actual gobierno priorizó la erradicación forzada por encima de lo que se había pactado en el programa nacional integral de sustitución de cultivos PNIS.  La erradicación forzada que implementa el Gobierno Nacional en nuestros territorios es ineficiente y además contraproducente sobre todo cuando no hay una estrategia clara para transformar las zonas afectadas por los cultivos. Además, es la intervención que produce más resiembra aproximadamente de un 30 por ciento según las Naciones Unidas.  

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Nunca la erradicación va a ser la salida para enfrentar este problema, la violencia va a generar más violencia, desde los años 90 esos planes se han utilizado como método para acabar con el cultivo de la coca lo cual no ha surtido efecto y lo que ha hecho es generar desconfianzas entre la comunidad y el Estado por su accionar”, agregaron. 
 

En máxima alerta 

Los integrantes de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de la zona del Catatumbo, Cocam, se encuentran en asambleas permanentes ante el proceso inconsulto de erradicación de los cultivos ilícitos.

Son aproximadamente unas 10 mil familias inmersas en el conflicto social que reclaman una caracterización para la incorporación en los programas de restitución con proyectos productivos.

El vocero de esa coordinadora, Wilder Mora Acosta manifiesta que hasta el momento no se tiene una cifra exacta sobre las hectáreas cultivadas,  ya que unos hablan de 40 mil y otros de 50 mil en el Catatumbo.
 
Explica que existen tres alternativas, la erradicación, sustitución y fumigación, sin embargo, el Gobierno Nacional se ha ido al extremo sin mirar las consecuencias ambientales y el impacto económico para los labriegos de la región.

Confiesa la intención de dejar esos cultivos de uso ilícito, pero que el Gobierno Nacional entregue las condiciones con la titulación de predios, educación, salud y proyectos productivos para la seguridad alimentaria.

A recuperar el Catatumbo 

El general Caro manifiesta que los operativos están encaminados a recuperar la zona del Catatumbo, muy rica en la producción agrícola y afectada por los grupos al margen de la ley.

“Llevo 34 años en la institución, hace 30 patrullé el Norte de Santander y no era tan violento, únicamente había estructuras de las FARC y el ELN, pero cuando empezó a aparecer el narcotráfico, los grupos al margen de la ley se dispararon, ya aparecieron los Pelusos, antiguas FARC, ELN, Clan del Golfo, Rastrojos y carteles extranjeros y se agudizó el conflicto. Comienza a pelearse el territorio lo que genera violencia, destrucción y muerte”, dijo. 
 
El año pasado de acuerdo a la medición de la oficina de las Naciones Unidas contra el delito y la droga los municipios que más droga tenían era Tibú y Sardinata. 

“Entraban en los tops 10 en y se centralizaba casi el 70 por ciento de los cultivos. El año pasado se erradicaron y focalizó entre Sardinata en el cañón de las Mercedes, más de 7 mil hectáreas de coca, y qué hicieron, se trasladaron a El Tarra, el segundo municipio con más matas de coca. Las comunidades piden seguridad, pero siembran más coca y más coca manejados por los carteles en Colombia como Gao Residual, ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Rastrojos”, precisó.
 
Asegura que cada vez crece el negocio, lo que ocasiona el desplazamiento forzado.  “Erradicamos en un lado y empiezan hacer resiembra en otro”. 

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Sobre las apreciaciones de los campesinos donde afirman que el remedio no ha surtido efecto entre más se erradica, más se multiplica el cultivo como una política equivocada del Estado, manifiesta que el narcotráfico es un delito y las operaciones seguirán.

 “La gente se acostumbró, tiene el discurso, que los campesinos siembran por pobreza y los fines de semana se observa en La Gabarra y la Cooperativa a los labriegos gastando la plata en las cantinas. El narcotráfico ha traído a Colombia un problema grande de la cultura del dinero fácil y la ilegalidad, ahora no quieren trabajar porque dentro de la misma cadena está el lavado de activos y usted sabe cuánto dinero mueven los bandidos que pagan en dólares”, recalcó.
 

Las cifras 

El alto oficial reveló las alarmantes cifras de las hectáreas cultivadas que crecen año tras año a pesar del esfuerzo del Gobierno Nacional.

 “Es una región muy próspera, anteriormente convertida en despensa agrícola, pero ahora vemos con tristeza la manera como se trae de otras partes la yuca y el plátano, pues nadie quiere sembrar los productos tradicionales. La gente se acostumbró al dinero fácil para gastarlo en prostíbulos y discotecas”, precisó.

De acuerdo a las estadísticas en el 2013, cuando se registró el paro de cultivadores de Coca existían 6. 345 hectáreas y a partir del 2014 ha venido en aumento con 6. 900; en 2015 a 11 mil; 2016 a 24 mil, 2017, 28 mil; 2018 a 33 mil; 2019 a 41 mil; en el 2020, 40 mil hectáreas de coca y en la actualidad hay 40. 084.
 
Asegura que el Estado ha hecho inversión, pero los labriegos han sido manipulados por esas organizaciones.

 Explica la manera cómo se han erradicado 7 mil hectáreas en Sardinata, sin embargo, en Norte de Santander de acuerdo a la medición tiene 40.084 hectáreas, representando el 28 por ciento del cultivo a nivel nacional.
 
El municipio de Tibú ocupa el primer puesto con el 13.5% a nivel nacional y el 48% a nivel departamental de los cultivos ilícitos de acuerdo al balance histórico y a las fuentes que manejan información.

Dice que entre los municipios tops 10 aparece Tibú a la cabeza, El Tarra, segundo lugar; Sardinata, el quinto puesto, Teorama el octavo y los otros en mínima cuantía.

No confrontamos a los campesinos

El alto oficial del ejército no comparte algunas indicaciones de los campesinos, destacando que sus hombres son muy respetuosos de los derechos fundamentales y la lucha frontal contra el narcotráfico busca lograr la convivencia pacífica y tranquilidad en la región.
 
“Ellos quieren la paz, pero siguen sembrando coca utilizada para envenenar al mundo, por eso se convierte en el combustible para la violencia. Dios quiera que uno de sus hijos no caiga en el vicio de la droga. Antiguamente, el consumo de estupefacientes era mínimo, ahora ha aumentado en La Gabarra, en Cúcuta y Tibú afectando a la misma juventud”, agregó.
  

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Dice que se han hecho grandes inversiones a través del PDET para restituir el tejido social y seguirán trabajando por la convivencia pacífica de los pueblos.

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