Otilia Suárez tiene más de 50 años de vivir en el filo de un barranco en el barrio Chíchira de Pamplona. El sector limita con el río Pamplonita y como ella hay 35 familias más que requieren con urgencia ser reubicadas por el alto riesgo de deslizamientos.
Ella, en la falda del cerro en un improvisado guacal cría pollos y árboles frutales para conseguir el sustento del hogar.
Suárez aprovechó la visita del alcalde de Pamplona, Carlos Arturo Bustos Cortés, para manifestarle que quiere dejar los predios porque la vivienda al igual que el barrio está en situación de alto riesgo.
En igual situación está Mercedes Cáceres Vera, que ante los daños ocasionados por los deslizamientos de piedras, tuvo que abandonar la casa hace cinco años e irse a otro sitio en donde tiene que pagar arriendo.
“Yo quiero que me den una casita en donde sea. No puedo seguir pagando arriendos tan caros y estoy enferma. Aquí no se puede vivir”, dijo.
Otra de las afectadas es la familia Bernal Jaimes, que al igual que la mayoría de quienes están localizados en la parte alta del barrio, claman para que las reubiquen antes de que se presente una desgracia.
En la parte trasera de la vivienda y pegados al borde del cerro que da sobre la vía Panamericana, se ha formado un vacío en el piso que al introducírsele una vara de 10 metros, no alcanza a tocar fondo.
El esposo, Oscar Jaimes Mantilla, cree que se puede tratar de la prolongación de la falla geológica que de un momento a otro se podría ‘tragar’ la vivienda.
“No estoy pidiendo una casa lujosa, sino que me reubiquen porque temo por la vida de mi familia”, dijo en tono angustioso la ama de casa Rosalba Bernal Reina.
El presidente de la junta comunal, César Carrillo, dijo que en el barrio hay personas que se quieren ir y otras que no. Señaló que llevan cuatro años esperando el traslado del barrio y no hay nada claro.
“Se han creado expectativas y falsas ilusiones. No se puede jugar con los sentimientos de la gente”, afirmó Carrillo al referirse al peligro en que está Chíchira.
El líder expresó que está por acabarse la actual administración y la situación sigue sin soluciones.
El alcalde Bustos Cortés aseguró que las 36 viviendas de ese sector están en situación riesgosa.
Recordó que hay un fallo judicial que exige el traslado del barrio e informó a la comunidad que el municipio dispone de $250 millones en efectivo, al igual que un lote en Cúcuta que de ser vendido en $400 millones, los recursos serían destinados para la adquisición de los predios en donde quedaría la nueva urbanización.
También indicó que el municipio está dispuesto a pagar arriendo a las familias que se encuentran en alto riesgo.
La comunidad está dividida en torno a la reubicación total del barrio. (Foto Roberto Ospino / La Opinión)
